La defensa del expresidente andaluz José Antonio Griñán denunció ayer que la Fiscalía y las acusaciones populares en el juicio de los ERE «han sustituido sistemáticamente la prueba de conocimiento, de intención» de los 21 exaltos cargos de la Junta procesados «por los juicios de valoración». El abogado José María Mohedano terminó de exponer su informe final, en el que pide la absolución de Griñán, que se enfrenta a una petición de 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación acusado de prevaricación y malversación. Para el letrado, en este juicio «toda la tesis consiste en que unos señores que son cargos de la Junta de Andalucía se concertaron para introducir en los Presupuestos unas transferencias de financiación con la finalidad de evitar la fiscalización previa» de las ayudas de los ERE. «¿Dónde está probado que la intención era evitar la fiscalización previa? ¿Dónde está probada la concertación? Porque aquí parece que por ser cargo de la Junta de Andalucía ya hay una concertación. Aquí esto se ha repetido 80 veces pero no se ha intentado probar mínimamente. Esto puede servir para otra cosa pero para un juicio penal no sirve», defendió.
Por su parte, el abogado del exconsejero de Empleo José Antonio Viera denunció su «indefensión» en el juicio de los ERE al no concretarse la cuantía de los fondos públicos presuntamente malversados y sin que en este procedimiento estén quienes los recibieron como «partícipes a título lucrativo» del supuesto fraude. El letrado José Manuel Herrera inició la exposición de su informe final, en el que pide la absolución de Viera, que se enfrenta a ocho años de cárcel y treinta de inhabilitación acusado de prevaricación y malversación. Viera firmó el convenio de julio del 2001 que implantó el procedimiento para que las ayudas que daba la Dirección General de Trabajo las pagara el IFA.
