UGT acusa al SAF de una "suspensión encubierta" del concurso de méritos

UGT-Andalucía ha acusado hoy al Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) de plantear una "suspensión encubierta" del concurso de méritos al haber presentado una cuestión de inconstitucionalidad.

En un comunicado la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT Andalucía ha denunciado que el SAF deja en la "encrucijada" a unos 20.000 funcionarios llamados a participar en el concurso de méritos abierto por la Junta el pasado mes de julio tras cinco años de espera.

Este concurso permite a los funcionario acercarse a sus hogares y conciliar vida laboral y familiar, además de suponer la garantía de la carrera profesional para los funcionarios de la Junta y la obtención de mejoras salariales por cambio de puesto.

La FeSP defiende que en ese concurso de méritos se contabilicen los años de experiencia en la Junta, ya sea como personal laboral o interino.

Sin embargo, el Sindicato Andaluz de Funcionarios ha recurrido el concurso por el procedimiento para la protección de Derechos Fundamentales porque entiende el SAF que vulnera los artículos 14 y 23.2 de la Constitución Española al permitir el múltiple cómputo de idéntico tiempo de trabajo en concepto de mérito.

Para UGT, la postura del SAF es "rocambolesca y difícil de entender" porque "pretenden que la administración no valore la experiencia previa en la Junta".

"¿Eso significa que presuponen mayor capacidad a quienes accedieron a través de oposición libre que quienes llevan ya años desempeñando un trabajo en la Administración Pública?, se ha preguntado la UGT.

Ha incidido: "¿Por qué el SAF no quiere que se compute como antigüedad los servicios prestados en la Administración General de la Junta previos a la condición de funcionario de carrera? y ¿Por qué va en contra de 16.000 de los funcionarios susceptibles de participar en el concurso?".

Ha advertido de que el recurso del SAF está provocando un "atasco" en el concurso de méritos y ha augurado que, si el juez estima la Cuestión de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional planteada por el SAF, se retrasaría el concurso entre tres y cuatro años".