La jueza Mercedes Alaya, que investiga el fraude en los expedientes de regulación de empleo pagados por la Junta, ha admitido que el final de la instrucción está cerca. Así lo explicó recientemente en un auto de respuesta a la Audiencia Provincial de Sevilla, que metió celeridad a la jueza para ir cerrando el caso de los ERE después de casi tres años de instrucción y una lista de 133 imputados.

Para "esta última etapa de trabajo y estudio", Alaya ha señalado 33 interrogatorios a imputados en los juzgados entre el 20 de noviembre y el 17 de enero. Muchos de ellos son altos cargos o excargos de la Junta. Sin embargo, los aforados implicados en la causa a los que la jueza ha aludido en alguna ocasión --el exconsejero de Empleo y diputado en el Congreso, José Antonio Viera, o los expresidentes de la Junta, José Antonio Griñán (senador) y Manuel Chaves (diputado)-- se quedan al margen del calendario de actuaciones. Es decir, la jueza Alaya no tiene previsto elevar el caso al Tribunal Supremo o al TSJA para que diriman la responsabilidad de estas personas.

A estas alturas de la investigación, únicamente quedan en prisión dos de los 133 imputados en el caso de los ERE: los directivos de Vitalia Eduardo Pascual (que podría salir en libertad bajo fianza de 300.000 euros) y María Vaqué (a quien la juez rebajó recientemente la fianza para poder eludir la prisión a 225.000 euros). El último en salir ha sido el exsindicalista de UGT Juan Lanzas, uno de los principales imputados por su papel de conseguidor de los ERE fraudulentos, que abandonó la cárcel el viernes pasado. Lanzas ha estado encerrado más de siete meses y logró salir después de que su familia abonase la fianza de 200.000 euros.

El exsindicalista permanecía interno desde el 22 marzo por orden de la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que le imputó cinco delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad documental, asociación ilícita y cohecho dentro de la nueva línea de investigación abierta en la operación Heracles por el supuesto cobro de sobrecomisiones por parte de las mediadoras de las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.

Lanzas, que llevaba puestas unas gafas de sol igual que durante su comparecencia en la comisión en el Parlamento, fue recibido a las puertas de la cárcel por su hija y no quiso hacer declaraciones a los numerosos medios de comunicación que esperaban su salida. Se montó en un vehículo y abandonó el recinto.

Fuentes del caso consultadas por Europa Press informaron de que el pago de esta fianza ha sido posible, finalmente, gracias a que la magistrada ha levantado el embargo de varias cuentas bancarias cuyos titulares son los padres y una hermana de Juan Lanzas, cuentas en las que el padre del conseguidor de los ERE ingresaba el dinero correspondiente a su pensión y que han posibilitado reunir la parte del dinero que faltaba.