"No vamos a polemizar con el juzgado porque el Gobierno está tranquilo". Fue la respuesta que ofreció ayer la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, después de que trascendiera el auto de la jueza que instruye el caso del presunto fraude en las ayudas de Empleo y en el que la magistrada pone en duda la colaboración de la Junta, además de pedir un sinfín de documentación en 48 horas. La consejera de la Presidencia anunció que el Gobierno ha creado un dispositivo especial dentro de su consejería que estará dedicado exclusivamente a cumplir con todos los requerimientos judiciales. Se dedicará, explicó, a "coordinar toda la documentación", ya que la jueza Mercedes Alaya ha reclamado papeles de "hace varios años". "La Junta no está preocupada por las actuaciones del juzgado", añadió.
En concreto, la magistrada, en dos autos de diligencias previas firmados el 11 y el 21 de marzo, reclama a la Junta actas de las reuniones del Consejo de Gobierno desde 2001, de los consejos de dirección de todas las consejerías implicadas y sus organigramas. Asimismo exige, en un plazo de 48 horas, que la Intervención General --el órgano superior de control financiero de la Junta-- explique por qué no emitió ningún informe de actuación ni encendió las alertas tras constatar, en tres informes consecutivos en 2005, 2006 y 2007, que el procedimiento empleado para otorgar estas ayudas no se ajustaba a la ley. Moreno eludió pronunciarse sobre la afirmación de la jueza de que "se puede entender cierta falta de colaboración" por parte de la Junta con la justicia. El Gobierno andaluz tampoco quiso valorar si la jueza que instruye el caso ha podido abrir una causa general contra la Junta al reclamar información de sus reuniones en los últimos diez años. "A día de hoy nada más que podemos pensar que la jueza esté persiguiendo un presunto fraude", subrayó Moreno, convencida de que simplemente querrá contrastar cualquier debate o información que haya llegado al Consejo de Gobierno sobre los ERE. "Pero no puedo prejuzgar el interés de la jueza", recalcó. Moreno insistió en que los servicios jurídicos del Gobierno alegarán para demostrar que la Intervención actuó "correctamente". El consejero de Empleo, Manuel Recio, informó de que ayer mismo se envió toda la información al juzgado. En concreto "68 expedientes de regulación de empleo analizados por el Gobierno andaluz y 55.631 folios". Además defendió su derecho a difundir en Facebook los resultados de la investigación y de hecho volvió a informar a través de la red social de que había sido remitida la documentación. "En Facebook quien está es la ciudadanía", se defendió.
OPOSICION Si la Junta evitó ayer polemizar con la jueza ante sus críticas, la oposición no dudó en afear al Gobierno su actitud. "Queda claro que la jueza le ha puesto una moción de censura al Gobierno y pone de manifiesto que la Junta no está colaborando", afirmó el líder de IU, Diego Valderas, mientras el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, denunció la existencia de una "segunda trama" para "impedir una investigación a fondo". Uno y otro exigieron a la Junta la "máxima trasparencia" y Arenas pidió la convocatoria urgente de un pleno extraordinario en el Parlamento sobre el caso ERE. "No hace falta", le respondió el presidente Griñán, porque ya los hay ordinarios.
La consejera de Presidencia, Mar Moreno, acusó a los populares de querer "estirar y exprimir este asunto y que monopolice el debate político" en la Cámara. No obstante, IU defendió la propuesta del PP como correcta y reprochó al Gobierno que siga "equivocándose" al rechazar una comisión de investigación.
Por su parte, el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, mostró ayer su "absoluta convicción" en que la Junta ha tenido y tiene una "total, leal y sincera" colaboración con la Justicia y con la juez que instruye el caso de las irregularidades detectadas en los ERE. No obstante, apuntó que "es posible que haya habido errores o retrasos" en el envío de la documentación solicitada.
