La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado al exalcalde de La Línea de la Concepción Juan Carlos Juárez (PP) a siete años y medio de inhabilitación por un delito de prevaricación en la venta en 2005 de parcelas municipales a la empresa Roseworld pese a que su oferta era menor que la de otra concurrente y a que tenían un saldo negativo en sus cuentas.
La sentencia también condena al exconcejal de Hacienda Carlos Ruiz por el mismo delito y absuelve a tres ediles de la la actual corporación municipal: María de la Cruz Atienza, Juan Francisco Montero y Juan Francisco Múñiz.
Según el fallo, al que tuvo acceso Europa Press, el juez ha absuelto a Juárez del resto de los delitos de los que estaba acusado, mientras que Ruiz Calama ha sido condenado a dos años de prisión y multas por importe de 683.650 euros por dos delitos contra la Hacienda Pública.
El administrador de la empresa Roseworld, Anil Takhurdas, también ha sido condenado a cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y ha sido absuelto del resto de los delitos de los que venía siendo acusado.
El juicio por el llamado caso Roseworld comenzó el pasado 13 de enero tras la denuncia de un policía local por la venta a esta empresa en 2005 de cuatro parcelas municipales junto al centro comercial Gran Sur de manera presuntamente ilegal.
La Audiencia considera probado que la venta de las parcelas a Roseworld constituye un delito de prevaricación ya que su oferta, 12 millones, era menor que la de la otra concurrente, presentaba un saldo negativo mientras que la otra tenía unas cuentas positivas y su objeto social no era la compra de inmuebles sino de artículos de calzado, textiles y complementos.
En concreto, el magistrado considera a Juárez autor por ejecución directa y comisión por omisión, al ser quien personalmente firmó las escrituras públicas, pactó los plazos con Anil Takurdas y Carlos Ruiz, que estuvo presente además en la firma de las mismas, y no hizo efectiva la condición resolutoria.
NO HAY COHECHO Señala que se trata de una conducta irregular y un ejercicio de abuso de poder, arbitrario, con el resultado de una lesión al interés colectivo. Por su parte, a Carlos Ruiz Calama lo considera autor por cooperación necesaria y a Anil Takurdas, como autor de un delito de prevaricación.
Sobre el delito de cohecho del que les acusaban la Fiscalía y la acusación particular, la Audiencia de Cádiz no considera acreditada su existencia en ninguno de los acusados y en ninguna de sus modalidades, ya que no existe constancia de que mediase precio o retribución para mover la voluntad de las personas encargadas de dictar las oportunas resoluciones.
Juárez, procedente del GIL antes de ingresar en las filas del PP, dimitió en octubre de 2009 forzado por la condena que le inhabilitaba para cargo público durante seis meses por desobediencia en el caso Palex, al negarse a efectuar una orden de pago a un proveedor municipal. Pese a tener varias causas pendientes en los tribunales --por la contratación irregular de exgilistas como trabajadores municipales en 1999 y 2000 y por las sanciones de la Policía Local cobradas pero supuestamente no ingresadas en las arcas públicas en el 2002--, Juárez anunció su intención de presentarse a la reelección este año. El PP cortó esa opción aunque siempre lo defendió.
