El pleno del Parlamento andaluz aprobó ayer, con el único voto contrario del PP, la Ley de Protección de los Consumidores de Andalucía, que refuerza el régimen sancionador y amplía las competencias inspectoras de los ayuntamientos, entre otras novedades respecto a la anterior normativa de 1985.
El nuevo texto legal introduce fórmulas para que las empresas sancionadas por infracciones en esta materia indemnicen a los afectados por los daños ocasionados, al tiempo que pretende dar respuesta a situaciones de indefensión para los consumidores como la generada por las academias de idiomas Opening.
ATENUANTES PREVISTOS Para impulsar el reconocimiento del derecho a la indemnización de los consumidores y usuarios afectados por fraudes, la nueva ley considerará como atenuante de una sanción --con reducciones de hasta el 75 por ciento sobre su importe total-- la reparación del daño causado por parte de las empresas que hayan cometido infracciones. Por el contrario, la no asunción de esta responsabilidad será considerada como agravante para la imposición de la multa.
Frente a la actual remisión a la legislación española, el nuevo proyecto contiene un régimen sancionador propio en el que se detallan con mayor precisión las posibles infracciones.
No obstante, la novedad más destacada en este capítulo es la introducción de una sanción complementaria consistente en el decomiso del beneficio ilícito obtenido por la empresa infractora, beneficio que se calculará mediante criterios estimativos cuando no pueda determinarse con exactitud.
En la nueva ley se identificará como responsable de una infracción no sólo al autor último, como se hace actualmente, sino también a quienes puedan haber intervenido en el proceso de producción o prestación del servicio.
El proyecto establece asimismo la creación de un registro unificado de infractores, que será de carácter público y en el que figurarán, por un plazo de tres años, las personas y empresas que hayan sido sancionadas en firme.
La diputada del PP Rosa Muñoz afirmó que el texto inicial era "bastante mejorable" y, tras reconocer la "necesidad y oportunidad" de este proyecto, criticó que se haya tramitado por la vía de urgencia "sustrayendo todo diálogo y consenso con los agentes implicados en la materia".
El consejero de Gobernación, Alfonso Perales, aseguró que la ley aprobada será un "instrumento eficaz para garantizar la seguridad de los usuarios y los consumidores".
