Cuando hablamos de la vigilancia en el campo o medio rural siempre vienen a la mente dos colectivos que se consideran agentes de la autoridad, los agentes de Medio Ambiente y la Guardia Civil del Seprona, pero casi nadie se acuerda de un importante colectivo los guardas rurales de campo.

Es una figura profesional que creó Fernando VI en el año 1748 como Guardas de Campo y Monte encargados de denunciar a los taladores, causantes de incendios, e introductores de ganado en plantíos. Se podría decir que es un origen común con los actuales agentes de medio ambiente, hasta que posteriormente Isabel II en 1849 creó el Guarderío Rural que podía ser tanto público como privado.

En la actualidad es un cuerpo auxiliar de los agentes de la autoridad y sus funciones se han ido adaptando a los nuevos tiempos que corren y añaden a sus funciones de seguridad tradicionales otros elementos como las plantas fotovoltaicas y eólicas e instalaciones de diverso tipo, de las fincas rústicas e instalaciones que se encuentren en ellas. Pueden ejercer su actividad de manera autónoma sin pertenecer a ninguna empresa de seguridad y pueden ser contratados por la administración pública o por particulares.

En cuanto a su formación, deben acreditar tener realizado un curso específico en un centro de formación homologado por el Ministerio del Interior, entre otras cuestiones relacionadas con carencia de antecedentes penales y poseer aptitudes psicotécnicas adecuadas, y aprobar un examen que periódicamente convoca el Servicio de Protección y Seguridad (Seprose) de la Dirección General de la Guardia Civil.

Como grupo especializado de los guardas rurales se encuentra el guarda de caza y pesca fluvial, que tiene como finalidad la vigilancia, control y gestión en los cotos de caza y pesca. Deben superar un examen específico de los temas relacionados con esta materia que convoca la Guardia Civil. Prestan su servicio en los terrenos cinegéticos y están autorizados a portar arma larga rayada de repetición con cartuchería metálica.

Es muy importante aclarar que la Junta de Andalucía reguló en el año 1998 las funciones y la forma de acreditarse del guarda de coto de caza en la comunidad autónoma en concordancia con la figura de guarda jurado prevista en la Ley de Caza de 1970, que, en cierta medida, se superpone a la figura anterior y puede llevar a error, pues también contemplan la vigilancia de la caza y sus hábitats, colaboración en la ejecución de los planes técnicos de caza y control de poblaciones, auxilio de la autoridad medioambiental y auxilio a los cuerpos y fuerzas de Seguridad y de la comunidad autónoma. Su uniformidad está regulada por la Consejería con competencias en medio ambiente.

Los guardas rurales de campo, por el contrario, están contemplados en la Ley de Seguridad Privada y tienen una dependencia especial de la Guardia Civil en cuanto a su formación, acreditación y auxilio cuando sea necesario. Su uniforme está regulado por la Secretaría de Estado de Seguridad y tienen una formación muy reglada.

La experiencia demuestra que los cuerpos dependientes de las administraciones poseen pocos efectivos en relación a las necesidades reales y en los últimos años se ha producido una descapitalización de los mismos. En caso de existir voluntad de retornar a situaciones de hace décadas serán necesarios muchos años para que los puestos que quedaron vacantes por jubilación sean de nuevo cubiertos. Por ello, parece necesario tender puentes hacia este colectivo de guardas rurales y sus especialidades de caza y pesca para conseguir una mayor coordinación en la labor que se realiza en el medio natural o rural extendida a todo el territorio, aunque en algunos lugares ya exista.

Las labores de gestión del territorio que realizan los guardas rurales sobre protección en general de la fauna con acciones de conservación activa, principalmente para la cinegética, redunda también en el resto de las especies que conforman el ecosistema. De hecho, cada vez son más frecuentes la acciones de colaboración con actuaciones en materia de especies protegidas y amenazadas. La prevención de los incendios forestales, especialmente con la vigilancia de los territorios donde desarrollan su labor, se suma a lo que se viene haciendo desde otras órbitas. En definitiva, es un colectivo más que tiene permanentemente sus ojos puestos en lo que ocurre en el medio rural y son de los mejores conocedores de su entorno.