«La situación es insostenible», asegura Rafael Navas, secretario general de Asaja Córdoba. «Estamos en una situación crítica, nos está faltando el oxígeno y está en peligro nuestro modelo productivo; ahora más que nunca tenemos que luchar por cambiar esta situación», indica Carmen Quintero, secretaria provincial de COAG. «Nos encontramos ante la campaña más cara de la historia en lo que a costes de producción se refiere», afirma Miguel Cobos, secretario provincial de UPA. Ante esta situación, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA se han unido en sus reivindicaciones y llaman ya a salir a la calle en diciembre coincidiendo con las protestas convocadas por los camioneros entre el 20 y el 22 de diciembre por la subida de los carburantes.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? La crisis de precios era anterior a la pandemia del covid-19, pero ahora se ha unido un fuerte incremento de los costes de producción que han de pagar los agricultores y ganaderos para mantener sus producciones. Un estudio elaborado por Asaja refleja que en el último año los precios de los fertilizantes se han incrementado cerca del 50%; herbicidas como el glifosato han subido un 48%; los piensos lo han hecho un 27%; las semillas, cerca de un 20%; la energía eléctrica, un 270%; el gasóleo agrícola, casi un 73%; los costes laborales, sin contar la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social, casi un 30% por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI); los plásticos, un 46%; el agua, un 33% y la maquinaria, entre un 10 y un 25%. Y lo peor de todo es que los costes de producción siguen elevándose, mientras que los precios que reciben los agricultores y ganaderos no lo están haciendo al ritmo necesario para asegurar el sostenimiento de las explotaciones. 

Como reconoce UPA Córdoba, en las últimas semanas se observa que productos básicos de la cesta de la compra como el pan, la leche, los huevos o el aceite de oliva han incrementado sus precios en los lineales de supermercados y grandes superficies, por lo que el consumidor ya está pagando más por ellos, pero «sin que los productores de los mismos puedan ver repercutidas estas subidas en sus cuentas de explotación».

La luz ha subido un 270%, el gasóleo agrícola casi un 73% y los piensos se han incrementado un 27%

Asaja Córdoba advierte que esta situación se produce en un contexto en el que «el sector agrario no puede fijar los precios que perciben los agricultores y ganaderos, el eslabón más débil de la cadena alimentaria, y por tanto no puede repercutir los encarecimientos de los costes de producción».

¿Qué se puede hacer ante esta situación? Los agricultores no tienen dudas. Piden al Gobierno medidas de apoyo, financieras y fiscales, para atenuar las continuas subidas de los insumos agrarios. «La única respuesta que hemos recibido del Gobierno de España es una propuesta de subidas de todo tipo de impuestos en el proyecto de presupuestos generales del Estado. Un absoluto dislate fruto de una enorme falta de sensibilidad y de un desconocimiento brutal de la realidad del campo y el mundo rural», afirma Rafael Navas.

Por su parte, el representante de UPA Córdoba hace un llamamiento urgente a las distintas administraciones para que «tomen conciencia del grave problema que está sufriendo el eslabón más débil de la cadena alimentaria, agricultores y ganaderos» y se ponga en marcha un plan de choque para buscar soluciones que garanticen el funcionamiento del sector agroalimentario.

Las organizaciones agrarias han comenzado a moverse. Prevén celebrar protestas en distintos puntos de España y en diferentes fechas. Estas movilizaciones se producen tras las ya celebradas por los bajos precios de la leche y las que a principios del 2020 se promovieron ante los reducidos precios que recibían por sus productos y que se paralizaron ante la declaración del estado de alarma decretado por la pandemia del covid-19. Los agricultores han pedido reunirse de manera urgente con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para que se adopten medidas que palíen la situación de crisis en la que se encuentra el sector. Además, esta situación se produce en un escenario de grandes incertidumbres ante la fuerte reducción de los recursos hídricos y la declaración de sequía en la cuenca del Guadalquivir, además de las dudas que genera la nueva Política Agraria Común (PAC), cuyo plan estratégico nacional deberá ser enviado a Bruselas antes de que finalice el mes de diciembre.