El sector cinegético andaluz y cordobés espera contar, en algo más de medio año, con un nuevo marco normativo que regule la práctica de la caza hasta 2031. El decreto del Plan Andaluz de Caza se encuentra en fase de tramitación y pretende dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados en el protocolo de colaboración firmado con la Federación Andaluza de Caza en abril de 2019, una vez que concluyera el plan anterior en 2017.
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha señalado al respecto que «el plan tendrá una vigencia de diez años y contará con importantes novedades al apostar por una caza de calidad sostenible y por contemplar importantes aspectos de sanidad animal», aspecto este último que parte del concepto one health. Se trata de una estrategia mundial para aumentar la comunicación y la colaboración interdisciplinar en el cuidado de la salud de las personas, los animales y el medio ambiente, entendiendo que todas están ligadas entre sí.
Para dar forma a este nuevo decreto la Junta, que tiene las competencias exclusivas en materia de caza, lo que incluye, en todo caso, la planificación y la regulación de esta materia y la regulación del régimen de intervención administrativa, de la vigilancia y de los aprovechamientos cinegéticos, ya ha publicado un primer borrador del que será el texto definitivo que, si se cumplen los plazos dados, debe ver la luz en torno a mayo de 2022.
Los planes de caza constituyen el instrumento de diagnóstico y gestión de esta actividad, a fin de mantener información completa de las poblaciones, capturas y evolución genética de las especies autorizadas, así como de diseñar hábitats homogéneos para su gestión, y en los que se incluirán expresamente previsiones sobre su incidencia en la actividad económica y su repercusión en la conservación de la naturaleza.
Una vez vencido el plazo de vigencia del primer plan resulta necesaria la formulación de uno nuevo que se adecúe a las transformaciones sufridas por el mundo cinegético y ambiental en los últimos años.
El borrador del nuevo texto apunta a la necesidad de desarrollar la actividad de la caza en el medio natural como una imprescindible herramienta de gestión del territorio y de mantenimiento de los equilibrios naturales que permitan la conservación y regeneración natural de los montes. Esta función se desarrolla además de su tradicional faceta de actividad deportiva, de profundo calado social y su aportación al sector económico y de fijación de la población al territorio.
El borrador también consagra la intención de que la sostenibilidad de la actividad cinegética sea una prioridad, tanto respecto a las especies como a los hábitats, para los cazadores y la población rural.
Por otra parte, se mantienen los objetivos de mejorar los servicios hacia las personas cazadoras, mantener actualizada la información de la situación de las especies, y poblaciones cinegéticas y sus hábitats, fomentar la investigación y la calidad cinegética y promover la correcta planificación y ordenación de la actividad para asegurar una caza social, ética, sostenible y responsable.
Uno de los aspectos más novedosos del plan está relacionado con el estado sanitario de las especies, con la caza como herramienta de gestión de poblaciones y como medio de vigilancia activa y pasiva del medio natural.
Además, un pilar clave del plan será la telematización del sector. Con el objetivo de objetivo de simplificar los trámites y reducir los tiempos, el borrador busca que la información fluya de forma ágil y eficiente desde el sector a la Administración.
El texto aborda la dimensión económica de la caza y establece objetivos relacionados con la toma de información real y realista de la valoración económica del sector, la cantidad y tipo de empleo generado y la economía de los productos en el mercado.
El futuro plan tratará también la dimensión social de la caza, su imbricación con la sociedad del medio rural y su desapego y desconocimiento por la sociedad urbana. En este sentido, propondrá actuaciones orientadas a la promoción de los valores positivos de la caza cuando es practicada de forma sostenible, responsable y ética, matiza el borrador del texto.
La tendencia descendente de personas cazadoras año tras año y la escasa incorporación de renuevo generacional son una de las preocupaciones a las que el nuevo plan pretende buscar solución. Para ello, uno de los pasos avanzados por el borrador es el de desarrollar medidas que permitan integrar el mundo de la caza en la sociedad actual.
En Córdoba la actividad cinegética tiene una gran relevancia ya que cuenta con un total de 1.466 cotos de caza (1.173 destinados a caza mayor y 293 a caza menor), que se extienden a lo largo y ancho de 1.245.567 hectáreas de terreno, lo que se traduce en que un 90 por ciento de la superficie provincial está acotada.
Hasta junio la Consejería de Agricultura había expedido un total de 42.094 licencias de caza y pesca. De ellas, 34.167 corresponden a licencias de caza, 7.301 para pesca, 621 para embarcaciones, 181 para rehalas y, por último, 22 autorizando la práctica de la cetrería. En la última temporada, en caza mayor se autorizaron 451 cacerías en la provincia, con 20.959 puestos montados y la intervención de 5.098 rehalas, mayoritariamente en monterías mixtas de machos y hembras. Las piezas cobradas en estas intervenciones se reparten entre ciervos (8.183 ejemplares), jabalíes (6.377), muflones (882) y gamos (489).
La temporada 2020-2021 de caza menor a nivel provincial se saldó con un total de 525.660 piezas cobradas, de las que 141.145 ejemplares correspondían al zorzal común, 96.392 fueron conejos y 91.689 palomas torcales, seguidos por 38.327 tórtolas entre otros animales.
