Hace un año, la Sociedad Española de Ornitología advertía de que en las líneas eléctricas podrían estar muriendo por colisión cinco millones de aves al año. Esta estimación se hizo en varios escenarios bastante conservadores por lo que la realidad puede ser mucho mayor. Un año antes, la Fundación Amigos del Águila Imperial cifraba entre 192.000 y 337.000 las aves que mueren en España por electrocución en tendidos eléctricos. A la luz de estos datos puede afirmarse que la electrocución o colisión con tendidos eléctricos es una de las primeras causas de mortalidad no natural para este grupo.
La magnitud del problema ha hecho intervenir a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. A mediados de 2019, instó a las administraciones a cumplir la legislación vigente en esta materia; a que se iniciaran líneas de investigación, se incoaran los correspondiente expedientes sancionadores y adopción de medidas de prevención y reparación que fueran procedentes; mantener informada a la fiscalía en los casos de especies en peligro de extinción o vulnerables por si se produjera delito contra la fauna por reiteración de muertes en un mismo lugar; y para impedir acciones omisivas de la Administración, se remitiera en el primer semestre de cada año un informe sobre las incidencias y expedientes incoados.
En junio de 2005 publicaba un artículo en este diario en el que advertía sobre este problema, que solo estaba resuelto en los espacios naturales protegidos en virtud de la legislación andaluza, pionera en el Estado español y que data de 1990. Desde entonces ha habido modificaciones legislativas que se han mostrado aún insuficientes, si bien hay que reconocer que el avance fue significativo.
Un año después, Andalucía volvió a adelantarse extendiendo la obligación a toda la comunidad. Los nuevos tendidos eléctricos o las modificaciones llevan medidas antielectrocución en el propio diseño de los postes para que las distancias entre la zona de posada y los conductores sean adecuadas, o bien medidas físicas sobre los mismos conductores y los aisladores. Así mismo, se extendió la obligación de adaptar las líneas existentes en las zonas especiales para la protección de las aves y las zonas especiales de conservación, que deben estar corregidas desde finales de octubre del 2011.
En relación con las medidas anticolisión, elementos que hacen más visibles los conductores conocidos como salvapájaros, se aplicarán en las líneas ya existentes y nuevas en zonas húmedas dentro de un radio de dos kilómetros y en aquellas zepas declaradas para conservar la avutarda y el sisón, como el Alto Guadiato.
Las medidas son obligaciones del titular de estas infraestructuras y teóricamente en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía no debe existir ninguna línea que no se encuentre adaptada con las medidas antielectrocución y en los humedales con las anticolisión.
En el 2008 se sumó legislación estatal que ampliaba las medidas antielectrocución en los ámbitos de aplicación de los planes de recuperación y conservación y las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración de especies en peligro de extinción o vulnerables. En las líneas eléctricas que sean nuevas o pendientes de aprobación cuando se promulgó la norma o que existan pero deban ampliarse o modificarse, se aplicarán las medidas antielectrocución y anticolisión. En las líneas eléctricas existentes son obligatorias las medidas antielectrocución y voluntarias las anticolisión. Estas áreas pueden contemplarse en la web de la consejería con competencia en medio ambiente.
Recientemente, se ha publicado un informe encargado por WWF (E. Blasco; C. J. Durá; y J. M. Pérez-García. 2020. Actualidad Jurídica Ambiental, nº 104) en el que se insta a modificar la legislación; revisar o invalidar los convenios entre las compañías eléctricas y las comunidades autónomas; extender las zonas de protección a todo el territorio nacional y establecimiento de un sistema de priorización de correcciones; restablecer el principio de «quien contamina paga» en la normativa de protección de la avifauna en tendidos eléctricos; incorporar la Ley de Responsabilidad Medioambiental en materia de impacto de tendidos eléctricos sobre la avifauna, y el cumplimiento de la normativa ambiental mediante la apertura de expedientes administrativos sancionadores.
* Biólogo
