El sector agrario andaluz arrancará con una tractorada en Jerez de la Frontera este próximo viernes un periodo de movilizaciones por provincias en contra de la «convergencia brusca» que plantea el Gobierno en el real decreto de transición a la Política Agrícola Común (PAC). Los líderes de Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias comparecieron en una rueda de prensa para anunciar las movilizaciones con las que exigen al Ministerio de Agricultura la retirada de dicho decreto de transición porque consideran que penaliza fuertemente las rentas de agricultores y ganaderos andaluces.
Dejaron claro que no quieren una «batalla política», puesto que es un problema exclusivamente del sector agrario, explicó el presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra. También trasladaron al Ministerio de Agricultura un mensaje de unidad del sector en defensa de los derechos generados por los agricultores y ganaderos andaluces para que permanezcan en esta región y no se les «expropien» esos derechos con una «desamortización en el siglo XXI», denunció el secretario general de COAG-A, Miguel López.
Unos 230.000 agricultores y ganaderos andaluces han generado derechos históricos que les suponen unas ayudas europeas de unos 1.300 millones anuales, si bien con los cambios recogidos en el decreto de transición, que reduce las regiones productivas, unos 80.000 perderán al menos un diez por ciento en dos años y la mitad de estos sufrirán mermas entre el 20 y el 50 por ciento, según los cálculos de las organizaciones agrarias.
Las movilizaciones empezarán el próximo viernes en Jerez de la Frontera y continuarán el día 25 de marzo, con una concentración ante la Subdelegación del Gobierno en Córdoba; se retomarán después de Semana Santa en Sevilla, y continuarán semanalmente en las distintas provincias, en función de la evolución de la pandemia, sin descartar una protesta conjunta regional cuando las circunstancias y la movilidad lo permitan.
El dirigente de COAG arremetió contra el ministro de Agricultura, Luis Planas, por su estrategia para «desmantelar el tejido productivo» andaluz y «despreciar» el peso del sector agrario y su contribución a la riqueza y al empleo en toda España y confesó que no alcanza a comprender las razones de esta «drástica transición», salvo que «represente a los mercados».
Igualmente, el dirigente de la UPA-A, Miguel Cobos, denunció el «paripé» del Ministerio porque, según apuntó, «no ha habido negociación» con las organizaciones agrarias para acordar una implantación gradual de la transición hacia la PAC y que no se haga de golpe en dos años -2021 y 2022-, por lo que insistió en pedir que se abra una verdadera mesa de diálogo con el sector.
Juan Rafael Leal, presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, auguró que este decreto es la «antesala de la reforma de la PAC», que supondrá un «cambio radical de modelo y la pérdida importante de rentas en Andalucía en favor de otras regiones».
En este escenario, pidieron el respaldo de los ayuntamientos andaluces a sus reivindicaciones con mociones en los plenos municipales, ya que «más de la mitad viven de la agricultura y la ganadería». También solicitarán el apoyo del Parlamento andaluz.
El sector agrario retoma así las movilizaciones, que se aparcaron cuando se declaró hace un año la pandemia para exigir una ley de la cadena alimentaria, porque tienen que llevarlas a cabo respetando las normas de seguridad, antes de que sea tarde y se adopten las decisiones, que, en el peor de los escenarios, puede conllevar que Andalucía pierda el 50% de los 1.300 millones que recibe de la PAC anualmente, sumados pagos base y verde.
