Casi todos, y en todos los ámbitos, están de acuerdo en que al sistema del seguro agrario le queda mucho para ser perfecto, pero indudablemente se trata de un instrumento más que valioso para el campo español, que además es único en Europa por su concepción y funcionamiento e independiente al resto de seguros, recuerda desde Asaja la experta María José Santiago para ponernos en contexto.
Y no le falta razón, ya que hasta resulta complicado explicar qué es este tipo de seguro en el que el Estado y las autonomías participan aportando dinero como parte de una política agraria más global. Aunque hay una primera realidad clarísima: sin esta ayuda estatal el seguro sería prohibitivo para el agricultor dada la estructura del campo español. Así, y siguiendo el carácter divulgativo de esta guía, podría resumirse que un producto tan singular tiene tres actores: la Administración, las asociaciones del campo y las propias empresas de seguros. De esta manera hay que ver su análisis.
Primero, hay que saber que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por un lado, es el gran regulador del seguro agrario a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa), la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Dgsfp) y el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). Sin entrar en detalles, y para entendernos, Enesa es la encargada de fijar las bases trienales y el Plan Anual de los Seguros Agrarios y de asignar cuánto, cómo y cuándo aporta el Estado. Para ello determina las condiciones técnicas mínimas de cada cultivo asegurable, los rendimientos, los precios a efectos del seguro, las fechas límites de suscripción… Y todo ello junto a las comunidades autónomas, aportando un suplemento a lo que pone el Ministerio.
Sin embargo, en esta complicada tarea, al determinar cada detalle (cultivo a cultivo, extensiones, producciones, condiciones climáticas, aportaciones de fondos, etcétera), las organizaciones, el Ministerio y las comunidades autónomas no están solas. Hay una comisión general en la que están representadas las asociaciones agrarias y cooperativas y las empresas aseguradores, además de otras comisiones territoriales e, incluso, grupos de trabajo. El objetivo es la mayor justicia y eficacia y sacarle el máximo rendimiento al dinero de todos, el que pone el Estado, cuando se subvenciona el seguro.
Posteriormente, se acude a un pull que engloba a unas 60 aseguradoras consolidadas (para entendernos también: una unión de aseguradoras que se ajustan a la demanda concreta que fija Enesa) con la que se llega al acuerdo final sobre las condiciones del seguro agrario en cada pequeño detalle.
Y no hay otro camino. En España no se puede suscribir seguros para producciones agrícolas (que, por otra parte, tendría un precio poco menos que inasequible sin la aportación estatal) que no pase por este sistema. Otra cosa es que, por poner un ejemplo, de paso a que uno se acerca a su organización agraria a comprar su seguro combinado de Agroseguro, decida asegurar el tractor, el vehículo de trabajo o particular, instalaciones, pólizas personales… que como en casi todo sí puede contratarse en el mercado libre.
Ahora bien, ¿por qué se le reprocha al campo español ser el que menos asegura el fruto de su trabajo en Europa en lugar de considerarlo un coste fijo anual? Las cifras netas así lo corroboran, aunque los expertos lo matizan. En primer lugar, y como en todo seguro, depende de la percepción del riesgo, más que de las matemáticas y las estadísticas. En zonas donde un mismo cultivo es extensivo y sin alternativas la contratación de las pólizas son proporcionalmente mayores, mientras que desciende en aquellas áreas donde las explotaciones se dedican a diferentes cultivos simultáneos. Otros factores son la fragilidad del cultivo (por ejemplo, ante plagas), la incidencia de siniestros recientes (en el Levante español hay mucha más tradición y en Jaén se suscribe más contra el pedrisco que en Córdoba) e, incluso, hay aspectos psicológicos y hasta políticos sobre la estabilidad del mercado y la propia sociedad.
Pero hay que poner números a Córdoba. Primero, y según los últimos datos facilitados, el pasado año se contrataron 7.257 pólizas para garantizar la producción en 141.000 hectáreas y casi dos millones de cabezas de ganado (670.938 toneladas). En total, el capital asegurado ascendía a 260,2 millones de euros, todo ello después de que los agricultores pagaran 9,17 millones y el Estado pusiera otros 4,65 millones. Y no fue un mal negocio para muchos, ya que entre retirada de cadáveres de reses y adversidades climáticas se recibieron 22.715 partes que terminaron con 5,55 millones de euros de indemnización. Hablando en plata: más de la mitad de lo que se gastó en el seguro volvió al agricultor para paliar pérdidas en un año que, afortunadamente, fue relativamente . Calculen ustedes de haber sido de otra forma.
Más aún: pongamos dos ejemplos radicalmente distintos en Córdoba. Por un lado, el cultivo con más extensión en la provincia, el olivar, con 374.081 hectáreas (cifras del 2019). Pues bien, de ellas solo se aseguraron en el 2020 las producciones de 15.824 hectáreas (el 4,23% del total) por 495 beneficiarios, que tuvieron una providencial vista, ya que hubo 448 expedientes que paliaron pérdidas con 602.762 euros. En el lado contrario estarían los cereales de invierno, con 96.541 hectáreas en la provincia, recoge el Anuario Agroalimentario 2020 de Diario CÓRDOBA, entre 63.576 hectáreas de trigo, 16.525 de cebada y 16.440 de avena. De todas, 2.111 responsables aseguraron la producción de 88.719 hectáreas (el 91,9%), con 269,3 millones de kilos, que suponían 48,63 millones de euros y con primas totales (agricultor más Enesa) de 2,29 millones de euros. Y todo ello en un año que no fue mal a los cereales de invierno, que son tan sensibles a la sequía y en donde se completaron solo 69 expedientes de siniestros, con un pago total de 95.560 euros.
