El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto sobre las condiciones de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC durante el periodo transitorio hasta que entre en vigor la reforma que negocian las instituciones de la Unión Europea. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo la aprobación de estas disposiciones, para garantizar un marco legal estable y cubrir la transición hasta la entrada en vigor de la reforma de la PAC, en el 2023.
Montero señaló que con esta decisión los agricultores y ganaderos «tendrán estabilidad durante el bienio 2021-2022 y podrán percibir los pagos de la PAC, que cifró en 7.200 millones de euros anuales, lo que también atañe a los programas de desarrollo rural».
En el caso de las ayudas directas, en el 2021 se podrán abonar 4.860 millones de euros, que recibirán unos 680.000 productores, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
Entre las medidas del decreto figura un avance hacia la llamada «convergencia» entre las regiones, es decir, en la aproximación entre los distintos importes de los derechos de pago que tiene cada agricultor para acercarlos hacia un montante medio, según explicó el MAPA en un comunicado.
Con esta normativa, el Gobierno quiere «prestar una atención especial a los jóvenes y a la fijación de población en el territorio rural», para que resulte «atractivo» a las nuevas generaciones y «no se produzcan movimientos no deseados a las ciudades», afirmó Montero.
Para ello, el decreto prevé ayudas y una simplificación administrativa, según Montero, quien destacó que contribuirá «a una transición razonable entre los dos modelos de la PAC» en España.
No opina lo mismo la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, quien ayer informó al Consejo de Gobierno sobre el posicionamiento unánime de Andalucía respecto al real decreto, «cuyo perjuicio sobre los agricultores y ganaderos de la comunidad ha quedado recogido en un documento firmado por las organizaciones agrarias».
En el mismo se demanda continuar aplicando el actual modelo de convergencia y se rechaza de manera contundente la decisión unilateral del Ministerio de acelerar el proceso actual, «rompiendo el clima de diálogo y consenso con el que se deben encarar los debates del futuro modelo de la PAC». El Gobierno andaluz ha lamentado que desde Madrid «se trate de imponer una tasa plana encubierta», a través de un proceso acelerado de convergencia.
Las principales organizaciones agrarias andaluzas también han expresado su rechazo a este decreto de convergencia y ayer mismo ya anunciaron manifestaciones «contundentes» cuando la pandemia lo permita.
Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias han denunciado que esta norma es «muy dañina» para el modelo social y profesional de la agricultura y que se ha hecho a espaldas del sector, en plena pandemia, «con total falta de transparencia y sin dar a conocer ni un dato».
