El presidente del comité de empresa de Cosmos, Delfín Fernández, valoró de manera positiva el acuerdo: «Estamos contentos porque no hay nada malo, aunque tampoco bueno» y anunció que los trabajadores (54 en plantilla) van a estar «muy atentos a lo que haga el Ayuntamiento y lo que diga la alcaldesa. Haremos lo que haga falta para defender nuestros puestos de trabajo». En este sentido, Fernández advirtió de que volverían a las protestas en la calle si el Ayuntamiento siguiera adelante con sus planes, «cuando ya se ha demostrado que la valorización no tiene peligro medioambiental», dijo. «Sabemos que la decisión sobre un posible traslado de la fábrica está en el gobierno municipal y que las intenciones no eran buenas ni para la empresa, ni para los trabajadores», dijo Fernández. Si eso ocurriera, mantiene el presidente del comité, «estaríamos abocados al cierre porque la empresa no va a gastar 300.000 euros en el contexto de crisis».

Quienes tampoco piensan esperar con los brazos cruzados son los integrantes de Aire Limpio. Guillermo Contreras, su portavoz, anunció ayer que la plataforma va a iniciar una campaña de información por los comercios y empresas de Chinales «para informarles de los prejuicios que traería acarreados la incineración para sus negocios, ya que creemos que se depreciará el suelo donde están implantados por tener tan cerca un foco contaminante», indicó. Aire Limpio considera que el acuerdo les ha servido «para afinar argumentos y fortalecer opiniones», ya que a día de hoy están «aún más convencidos» de su postura, pero tacha de «descafeinado» el acuerdo porque no entra «en el fondo» del problema: la valorización. «Aire Limpio no pide el traslado de la fábrica, solo dice no a la valorización de lo que no sea biomasa, entendida exclusivamente por restos agrícolas y forestales», explica. La plataforma espera que los partidos que firmaron el Pacto por el Aire Limpio impulsen una modificación del PGOU.

El representante de UGT en la mesa de Cosmos, Antonio Lopera, por su parte, hizo ayer un llamamiento a los políticos que están al frente de la Gerencia Municipal de Urbanismo para que «den marcha atrás» en sus pretensiones «y dejen a la fábrica valorizar para lo que ya dispone de una autorización ambiental integrada de la Junta de Andalucía».

Desde UGT se valora que el acuerdo incluya «una apuesta por la seguridad de los trabajadores y los ciudadanos», que haya quedado reflejado el mantenimiento de la actividad industrial, «que tiene que ser competitiva», apuntó Lopera. Para ello, defendió la valorización de biomasa y residuos no peligrosos para poder competir en tiempos de crisis: «En España 32 de las 36 cementeras están valorizando ya biomasa», aseguró UGT.

El representante de CCOO, Manuel Torres, considera muy importante que el dictamen de la mesa haya reconocido que nadie plantea el cese de la actividad de la fábrica y que se recoja el compromiso por el mantenimiento de los puestos de trabajo. Asimismo, desde este sindicato aplauden lo que se ha incluido referente a las medidas medioambientales y a las relativas a la salud de los trabajadores y de los ciudadanos del entorno. CCOO considera que se puede valorizar «todo lo que no sean productos tóxicos» y no ha entrado en el traslado de la cementera «porque son cuestiones urbanísticas, operaciones muy complejas que se nos escapan y no nos competen. No hemos querido hacer ciencia ficción», explicó Torres. El Consejo del Movimiento Ciudadano declinó ayer hacer declaraciones. H