Dos colectivos ligados al sector de la construcción, los arquitectos y los aparejadores y arquitectos técnicos, llevan nueve años esperando que la revisión, que en sus inicios iba a convertirse en un yacimiento de empleo, despegue. El decano del Colegio de Arquitectos, Felipe Romero, considera que «el Ayuntamiento no está presionando en nada» para lograr que la inspección prospere, pero, a pesar de ello, «hay colegiados que están haciendo informes», aunque reconoce que muy pocos. Romero señala que incluso algún arquitecto se ha encontrado con que Urbanismo «ha impuesto una sanción de 100 euros a propietarios que han sobrepasado el plazo para pasar la revisión». Urbanismo, por su parte, niega que esté sancionando, aunque admite que ha podido haber alguna multa puntual en expedientes de ruina, que es el único caso en el que, de momento, contempla la ejecución subsidiaria (actuar ante la negativa del propietario a hacerlo por razones de seguridad).
Perspectivas
Romero cree que lo que puede contribuir a que el panorama cambie es que las aseguradoras están empezando a exigir la inspección al contratar un seguro y «eso va a tener más efectos que otra cosa». Romero piensa que Urbanismo tiene un problema con la ejecución subsidiaria, por las dificultades para sufragarla, lo que, a su juicio, frena la aplicación de la revisión. A esto se une que la inspección «es una medida impopular».
Por su parte, el presidente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, José Manuel Ríos Cubero, considera que una de las razones por las que fracasa la inspección es que «el Ayuntamiento que la exija va a ser criticado por las comunidades de vecinos y no quieren perder rentabilidad política». Ríos destaca el problema de las comunidades que quieran solicitar una subvención, ya que no podrán hacerlo sin los informes de evaluación. Además, avisa de que en dos años aumentará el número de bloques obligados a pasar la revisión, ya que a los que hoy tienen más de 50 años, se sumarán los que albergan más de 2.000 viviendas en el Parque Figueroa y 1.500 en la Fuensanta.
Seguridad
Tanto un colectivo como otro reivindican la revisión, imprescindible para garantizar la seguridad de los edificios. La reticencia a hacerla se debe a que, al coste de los informes, se suma el de las obras, si fuesen necesarias, que muchos no pueden sufragar y para las que hay pocas ayudas. El coste de los informes depende del estado del edificio y de quien los realice, ya que «hay quien los hace por 50 euros», lamenta Romero, que es partidario de que «la gente cobre como se debe».
El arquitecto que hizo la primera revisión, Jesús José Mohedano Bolaños, calcula que el coste medio de la inspección en una vivienda unifamiliar es de 600 euros, aunque «hay quien la hace por internet por 200». En cuanto a los bloques, en uno de seis pisos, puede valer entre 800 y 1.000 euros. El arquitecto asegura que ha realizado más revisiones de viviendas unifamiliares del casco que de bloques de pisos pero a lo largo de este año no ha hecho ninguna. Mohedano asegura que en otras ciudades, como Granada y Sevilla, está funcionando sin problema. Mohedano lamenta que «esto se arreglará cuando le pase a alguien algo».
