La presidenta de la Junta, Susana Díaz, anunció ayer nuevas medidas para los próximos meses alejando la posibilidad de un adelanto electoral, y sostuvo que Andalucía avanza «a buen ritmo», una visión que no comparten los grupos de la oposición, que le han reprochado su falta de autocrítica. En un tono conciliador, con el que incluso atribuyó el «progreso» de Andalucía al conjunto de las fuerzas políticas, la presidenta volvió a presumir de estabilidad en la comunidad durante el debate parlamentario sobre la situación política andaluza y, como muestra de su intención de agotar la legislatura, anunció que se firmó ayer la orden para empezar la elaboración de los presupuestos del 2019. «Que las urnas nos cojan trabajando», clamó Díaz, que advirtió de que hay «mucha tarea por delante» y de que «ya llegarán las elecciones» más adelante. La reforma del modelo de financiación autonómica fue uno de los ejes de su discurso, durante el que propuso crear en el Parlamento una comisión permanente para realizar un seguimiento de los acuerdos que adopte el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) al respecto. La sanidad pública andaluza fue otro de los asuntos destacados por Díaz, que la tildó de «joya de la corona», y anunció, entre otras medidas, la dotación de unidades de ictus en todas las provincias andaluzas y el impulso del Código Infarto asegurando la disponibilidad -las 24 horas del día- en todos los centros hospitalarios de segundo nivel. Por otra parte, avanzó que su gobierno se va a dirigir al Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) para proponerle un convenio para la formación de funcionarios, jueces y magistrados en materia de violencia de género, y anunció un decreto para extender a las familias monoparentales las ayudas públicas que la Junta concede a las familias numerosas. También novedosa es la norma anunciada para garantizar el derecho al agua como mínimo vital para atender las necesidades básicas de consumo doméstico, estableciendo un precio bonificado para personas en situación de vulnerabilidad.

La polémica sobre la tarjeta opaca de un directivo de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) apareció también durante el debate, en el que el líder del PP-A, Juanma Moreno, exigió a la presidenta que diga «la verdad» y aclare todos los datos, ante lo que Díaz dijo que el juzgado tiene toda la información desde 2015. Por otra parte, el presidente del PP-A ofreció a Díaz negociar los presupuestos para 2019, un ofrecimiento al que la jefa del Gobierno andaluz no respondió. Por su parte, la líder de Podemos, Teresa Rodríguez, criticó que para Díaz «es más importante su puesto como presidenta que Andalucía», ya que le achacó que elija como socio preferente a Ciudadanos y lleven a cabo una política «directamente contraria» a los intereses de la comunidad. Le echó en cara que siempre le diga a IU y Podemos que son aliados de la derecha y le emplazó a decir «en qué lugar ideológico sitúa a Ciudadanos».

El presidente y portavoz del grupo de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, apostó por una nueva etapa en Andalucía en la que el Gobierno autonómico «no vaya a remolque» de la sociedad civil y exigió a Díaz que sea «autocrítica, más reformas y más ambición».

El líder de IU, Antonio Maíllo, criticó las iniciativas «gaseosas» de Díaz, de la que ha sostenido que se ha convertido en una «presidenta fallida».