El Ayuntamiento de Córdoba confía en alcanzar aún un acuerdo amistoso con Ucop Construcciones, la empresa responsable de la obra del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, que debía haber concluido esta semana la reforma del antiguo Pabellón de Cajasur y a la que no se le dará finalmente una nueva prórroga por recomendación de la Intervención General, que ha detectado irregularidades en el proceso.Ahora los servicios jurídicos municipales deberán estudiar qué salida es la menos onerosa para los intereses de la ciudad: si rescindir el contrato con la adjudicataria, que ya ha expresado su intención de no continuar con el proyecto, y buscar otra empresa para culminar la obra, o iniciar las penalizaciones previstas contra Ucop por incumplimiento del contrato. Así, aunque la obra está ya técnicamente parada, el Ayuntamiento se aferra a que el contrato sigue aún vigente y hay margen de maniobra. La empresa, por su parte, ha reclamando la resolución del contrato y dos millones de euros (exige el pago de los servicios prestados más un porcentaje del presupuesto total de la obra), al entender que ha habido causas objetivas para no culminar el proyecto. El Ayuntamiento lo niega.

EL PEOR ESCENARIO // Por eso, en el horizonte se atisba ya el peor escenario posible: el de los tribunales, ya que el gobierno local no estaría dispuesto a pagar la cantidad reclamada por Ucop. «No le podemos pagar 2 millones a una empresa para que se vaya. Incluso sería al revés, llegado ese caso seríamos nosotros los que le pediríamos una indemnización a ellos», indicó ayer el concejal de Presidencia, Emilio Aumente, que rindió cuentas de la delicada situación del proyecto. La alcaldesa, Isabel Ambrosio, también garantizó que, si se llega al litigio, se hará «todo lo posible» para que «sea lo más corto posible, se pueda continuar con la obra y poner en funcionamiento el equipamiento».

Ambrosio y Aumente coincidieron también en resaltar que los problemas con la obra surgieron «justo después de poner la primera piedra» de un proyecto que, por cierto, tanto PSOE como IU criticaron con dureza cuando estaban en la oposición (lo llevaron incluso a los tribunales).

El concejal de Presidencia hizo un somero repaso por la historia del proyecto del CEFC que comenzó, dijo, con el entonces alcalde del PP, José Antonio Nieto, levantando un reparo de la Intervención que había puesto pegas a la cesión del edificio por parte de Cajasur. «Si aquello era una donación gratuita que venga Dios y lo vea», ironizó Aumente. Además, criticó «las prisas» del PP por acelerar un proyecto y una adjudicación de cara a las elecciones municipales del 2015 (la licitación salió en 15 millones y se quedó en 10 y se iniciaron las obras unos días antes del inicio de la campaña electoral); recordó los problemas con los modificados y las prórrogas (se aprobó al final una ampliación de 400.000 euros y seis meses más de plazo) y la elaboración de un «mal» cronograma de la obra; subrayó «el enfrentamiento» entre la dirección facultativa («los arquitectos elegidos por el PP») y la empresa constructora; «las excusas» de la adjudicataria «para retrasar la obra» (en referencia al problema con los aparatos de refrigeración), o el descenso alarmante del ritmo de ejecución y la casi paralización (constatadas por la dirección facultativa).

Aumente indicó que pese a todo y a considerar que el proyecto era desde el inicio «un derroche» --incluso cerrado el edificio cuesta a las arcas municipales 400.000 euros anuales-- y que no estaba en el lugar adecuado, la intención del actual equipo de gobierno desde que se inició el mandato fue siempre culminar la obra. Por ello, redundó el concejal socialista «intentamos llegar a un mutuo acuerdo para evitar situaciones como la de Torrijos».

Por otro lado, el concejal de Ganemos, Alberto de los Ríos, criticó ayer la situación de parálisis del CEFC y responsabilizó de la misma al actual equipo de gobierno y al anterior, que no han tenido, a su juicio, «una planificación correcta» del proyecto. «Los cordobeses y las cordobesas vamos a tener que asumir los costes de una política de grandes construcciones y edificios que no se planifican», dijo. De los Ríos, también aludió a la situación de parón de las obras del Palacio de Congresos de Torrijos, en esta ocasión responsabilidad de la Junta y añadió que «entre unos y otros los que perdemos somos la ciudadanía».