El Ministerio de Sanidad garantizó ayer que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras no podrá acceder a la base de datos de los inmigrantes irregulares que reciban atención sanitaria, quienes tendrán que acreditar 6 meses de empadronamiento en una región para tener derecho a esa asistencia.

Este es uno de los puntos principales de la propuesta trasladada a las comunidades autónomas por el Ministerio de Sanidad para armonizar la asistencia social y sanitaria de los inmigrantes irregulares con permanencia efectiva en España y que estén en situación de vulnerabilidad.

El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, explicó ayer estos detalles tras presidir la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS), en la que participaron representantes autonómicos y de los ministerios de Empleo y Seguridad Social, Interior y Asuntos Exteriores y Cooperación.

Moreno destacó que se ha dado un plazo de quince días a las comunidades para que aporten las "mejoras" al texto elaborado por el departamento que dirige Alfonso Alonso y deseó que se hagan con "espíritu constructivo".

Las comunidades gobernadas por el PSOE pidieron al Ministerio una derogación del real decreto-ley 16/2012 por el que se eliminó la atención sanitaria a los "sin papeles", mientras que el resto de las autonomías "han agradecido esta propuesta de criterios mínimos ya aprobada por consenso antes de las elecciones", declaró Moreno.

Respecto al requisito del empadronamiento de seis meses, el secretario general de Sanidad aclaró que es competencia autonómica y si alguna de ellas decide fijarlo en tres meses "está en su legítimo derecho", aunque lo lógico es que el abordaje sea "idéntico en todo el país".

Esta posibilidad de acortar los plazos había sido insinuada incluso por el representante de Madrid en la reunión, Julio Zarco, a su llegada al Ministerio.

Esta asistencia social y sanitaria se prestará exclusivamente en el ámbito territorial de la comunidad donde esté registrado el inmigrante irregular y no se extenderá fuera de España, según se recalca en la propuesta.

El problema, según este responsable de Sanidad, es cómo abordar la redacción de la normativa para evitar el turismo sanitario, es decir que cualquier ciudadano europeo "pueda creer que tiene el mismo derecho" que los inmigrantes irregulares y denunciarlo ante la Comisión Europea.

El secretario general de Sanidad recordó que España, al pertenecer a la UE, tiene dos vías para este asunto: la prestación vinculada a la Seguridad Social, que está sujeta a reglamentos europeos, y la asistencia social y sanitaria, excluida de los reglamentos en la que se basa la propuesta y que no da "derecho a la exportación" de estos servicios ni a otro tipo de "obligaciones".

El documento de Sanidad, que tendrá validez de un año, establece que los inmigrantes irregulares deben demostrar "no disponer de recursos económicos suficientes ni tener ingresos superiores al Iprem" o renta mínima (532 euros al mes).