La Generalitat ha anunciado la puesta en marcha del procedimiento administrativo para adquirir 8.000 urnas, que el gobierno catalán considera el primer paso firme para la convocatoria del referéndum. Tras la crisis interna de Semana Santa, el gobierno catalán intenta muestras de unidad que a menudo lucen impostadas. Primero fue la firma de una proclama sin valor jurídico por parte de los consellers y otros altos cargos comprometiéndose con el referéndum que el Tribunal Constitucional ya ha advertido de que es ilegal. Ahora son las urnas. En la espiral de réplica y contrarréplica en la que se encuentran enzarzados el Gobierno central y el de la Generalitat, la compra de las urnas está destinada a una investigación por parte del Estado y, probablemente, a una nueva acción legal. Se cargan de razones así quienes sostienen que el auténtico objetivo del soberanismo es buscar el choque con la legalidad democrática vigente impulsando un referéndum unilateral sin pactar con el Estado, profundizando en el enfrentamiento. En nada ayudan estas decisiones a superar el actual bloqueo político entre las instituciones catalanas y las del Estado. La sobreactuación, la parálisis política y el juego del gato y el ratón no es lo que los ciudadanos de Cataluña necesitan. La respuesta legal que probablemente desencadenará la adquisición de las urnas no hará más que profundizar en la vía judicial, tan estéril como la unilateral a la hora de encontrar una salida a un problema que es, ante todo, político y solo tendrá una solución política. Cabe exigir al Gobierno español y a los gobernantes catalanes que trabajen en la única vía posible: la de crear espacios de auténtico diálogo y negociación.
