La confesión pública del que fuera presidente de la Generalitat durante 23 años, Jordi Pujol Soley, de haber defraudado a Hacienda desde 1980 al no declarar una herencia "ubicada en el extranjero" es una bomba política. Con 84 años, carga con toda la culpa y comunica que sus hijos y su esposa, beneficiarios de la herencia de su padre (fundador de Banca Catalana), se han acogido ahora a la prórroga de la amnistía fiscal que auspició Cristóbal Montoro en el 2012. Admite que mucha gente "pueda sentirse defraudada en su confianza" y pide perdón. Pujol ha sido un símbolo de Cataluña y sigue influyendo en un mundo nacionalista que ve en estas informaciones una maniobra para dañar el proceso soberanista. Sin que exista la vía judicial, la confesión y la disposición a comparecer ante la autoridades tributarias y judiciales es un duro golpe, por mucho que Convergència se limitara a decir que se trataba de una cuestión personal de Pujol. Pero hay más: el juez Ruz investiga a su hijo mayor por blanqueo de capitales, y hay hijo imputado en el caso ITV. A los Pujol se les abre un incierto futuro en un momento muy delicado, que puede dañar más la precaria situación de la aún principal fuerza nacionalista.
