La profesion de arquitecto

--La adjudicación por la Gerencia de Urbanismo de Córdoba del Proyecto de Palacio de Congresos al equipo redactor cuyos honorarios representan el 50% de la cantidad prevista en la licitación, cuya cuantía es inferior a los baremos que por decreto, aplica la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio para elaboración de proyectos a integrar en el Patrimonio del Estado o en otros patrimonios públicos.

--La reciente emisión de su informe, por el Consejo de Estado, sobre el Anteproyecto de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales (LSCP), la cual, en caso de aprobación por el Parlamento, crearía una Comisión para modificar la vigente Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), de 1999, con la pretensión de permitir a los ingenieros la redacción de proyectos arquitectónicos reservados por dicha Ley a los arquitectos, cuyas competencias define perfectamente esta ley en base a los conocimientos adquiridos en sus estudios universitarios, estudios que responden a una directiva europea.

Ambos hechos nos llevan a recordar, dada su rabiosa actualidad a pesar de haber sido dictada en el año 1993 dentro de la la Conferencia Internacional del Consejo Europeo de Arquitectos, la ponencia de nuestro eximio compañero Rafael de la Hoz Arderius La Europa de los arquitectos versus la Europa de los mercaderes , que no tiene desperdicio.

Al hilo de la misma exponemos:

--Constatamos que una de las exigencias que la Unión Europea pretende de los arquitectos liberales es que estén trabajando a cambio de honorarios "bajo mínimos" y, si se tratase, por honorarios nulos. Para ello se fomenta la insolidaridad y somete a los arquitectos a una competitividad salvaje.

--A tal fin han utilizado dos recursos clásicos: inundar el mercado de la mercancía arquitectos y poner a precio de saldo los honorarios. El primer objetivo se ha conseguido con la masificación de la profesión disminuyendo selectividad de ingresos a las escuelas de Arquitectura, proliferación de nuevas escuelas y reduciendo la duración de la carrera y el programa de estudios. Todo ello para hacer que la oferta exceda a la demanda y derrumbar los precios.

--Para minimizar los honorarios de los arquitectos se aplica, además de masificar la oferta de estos, impulsar el desplome de precios: liberalizar honorarios es un eufemismo que significa no poner límite alguno (material ni deontológico) a reducciones de honorarios, aun por debajo de costes.

--Hasta en la subasta de arte se fijan unos niveles mínimos de oferta para evitar "bajas temerarias", cuestión por lo que tenemos que reivindicar las cuestionadas "tarifas mínimas". Recordamos aquella sabia sentencia árabe "Quien decide comprar leche a mitad de precio, sepa que está mercando más de la mitad de agua".

--El arquitecto no forma parte de ningún sindicato que pueda defender su salario interprofesional mínimo que le permita competir con el resto de compañeros, no tiene reglas de juego, por lo que es necesario al menos unos honorarios mínimos que garanticen justificar los gastos necesarios de producción del trabajo que puedan impedir las bajas temerarias.

La sociedad ha de conocer, que esta profesión conlleva un coste de producción muy elevado que ata desde tres a diez años con cada producto, y como consecuencia el pago durante ese tiempo de varios seguros. Alemania y otros países europeos disponen legalmente de estos mínimos, aunque la orden de liberalización de honorarios proceda de Europa.

--Por supuesto, es la Administración la primera que se encuentra moralmente obligada a dar ejemplo convocando licitaciones que no tengan el riesgo inherente de tener que adjudicarlas a individuos capaces de trabajar por casi nada, evitando que los concursos se conviertan "de honorarios y no de proyectos". De la forma en que se está haciendo acaba dañada la Arquitectura y con ella su resultado: la ciudad, y todos los elementos que intervienen en ella, sociedad, patrimonio, economía, turismo... Siendo paradójico que, tratando de conseguir una arquitectura más barata, el precio que haya que pagar sea, literalmente, tan caro.

--No compete a los políticos, y menos a los economistas de mercado, limitar la necesaria y compleja formación del arquitecto que exige una duración mínima irrevisable, conclusión compartida por universidades, academias y otros asentamientos de cultura. Es duro reconocer que la implantación de la futura LCSP, promovida por el Ministerio de Economía, y curiosamente, no por el de Fomento y Vivienda, tras renunciar a la compleja formación del arquitecto abre el campo de hacer Arquitectura a otras especialidades ajenas a este oficio.

Finalizamos con una frase del discurso de nuestro querido compañero Rafael de la Hoz: "Las tres grandes operaciones acometidas por la Comunidad Europea: masificación profesional, minimización de honorarios, degradación del arquitecto, generan, respectivamente, incompetencia, corrupción y dependencia".

* Decano del Colegio de Arquitectos, en representación de la Junta de Gobierno