Al final, si no se pone remedio, van a ser los prudentes y confiados ahorradores quienes carguen con los excesos de la burbuja inmobiliaria y de la burbuja financiera.
Un problema añadido a la crisis financiera ha sido la estafa producida en la comercialización de las participaciones preferentes. Las soluciones que se han venido ofreciendo, todas ellas mediante operaciones de canje, han sido claramente insuficientes. Ofertas muy diversas y dispares, dependiendo de la entidad y de si ésta ha sido o no nacionalizada. Las entidades gestionadas por el FROB han tenido condicionantes a la hora de ofrecer canjes, por la exigencia de la aplicación del valor de mercado por parte de la UE. Aún quedan más de 200.000 familias atrapadas en el laberinto de las preferentes, principalmente de las cuatro entidades nacionalizadas: Bankia, Novagalicia Bank, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia. La desconfianza de los ahorradores en el sistema financiero ha ido en aumento en los últimos años, como consecuencia del engaño y de las pocas e injustas salidas ofrecidas en muchos casos.
Hay dos tipos de relaciones con una entidad bancaria, bien diferenciadas: el ahorrador y el inversor. Un ahorrador suele priorizar la seguridad sobre la rentabilidad, mientras que el inversor suele estar dispuesto a asumir un mayor riesgo para conseguir un mayor rédito. Todos los productos financieros que se consideran recursos propios de una entidad son productos complejos y se comercializan entre inversores institucionales y minoristas. En estos recursos propios se incluye las acciones, las participaciones preferentes y la deuda subordinada. El ahorrador, sin embargo, aplica sus recursos en los distintos tipos de depósitos o productos que no se consideran recursos propios. Los ahorradores son acreedores comunes de la entidad y a efectos de prelación, van por delante de los recursos propios que poseen los inversores. En el caso de los depósitos cuentan con el respaldo del Fondo de Garantía de Depósitos. Por tanto, son dos perfiles bien distintos, el ahorrador y el inversor, que disponen de productos específicos y diferenciados en sus relaciones con la Entidad Financiera.
El Memorando de Entendimiento, negociado por el Gobierno con la UE, identifica, sin ninguna consideración, a los titulares de participaciones preferentes y deuda subordinada como inversores, y al igual que los accionistas tendrán que cargar con parte de la aportación al saneamiento de la entidad, para aminorar las cargas al contribuyente.
Esta interpretación sería la adecuada, siempre y cuando, los titulares de preferentes y deuda subordinada no hubieran sido engañados en la comercialización y colocación de estos productos. Todos coincidimos, incluida la UE, en que los ahorradores no deben asumir ningún tipo de gravamen o quita en el proceso de saneamiento, y aquí se da la paradoja que hay ahorradores, titulares de preferentes, a quienes se les va a aplicar la quita, que puede ser entre un 50% y un 80%.
A estas alturas, con cuatro entidades nacionalizadas y con alguna más que requerirá de fondos europeos para su saneamiento, la solución de las participaciones preferentes no puede ser otra que la revisión de la comercialización y la revisión de la valoración de la idoneidad de los titulares de preferentes. Es decir, llegar a diferenciar entre los titulares de preferentes, quiénes son ahorradores y quiénes son inversores, para excluir a los ahorradores del proceso y de los perjuicios derivados.
La vía judicial es una alternativa de solución, que se está demostrando lenta y con coste añadido. La vía administrativa culmina con la reclamación ante el supervisor, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y su utilización viene dando resultados insuficientes. Los informes que emite el supervisor no son vinculantes, pero las entidades financieras los vienen acatando, y cuando la comisión declara que el titular no reúne los requisitos de idoneidad, les han devuelto sus ahorros. En caso de no ocurrir así, el titular tiene una prueba concluyente para acudir a la vía judicial, y la resolución será bastante previsible a su favor.
Esta vía administrativa es la mejor salida a las participaciones preferentes. Para ello, la Comisión Nacional del Mercado de Valores debiese actuar de oficio, recabando, caso por caso, los test de capacitación y la información necesaria para poder recalificar la idoneidad de los titulares de participaciones preferentes. Lo que se ha hecho de forma puntual, y que ha significado la solución del problema en contadas ocasiones, habría que generalizarlo para todos los casos que quedan pendientes, unos 4.500 millones de euros en las cuatro entidades nacionalizadas, de los que habría que excluir a los titulares institucionales que siempre se consideran inversores.
El único hándicap que podría tener esta solución es la escasez de medios de que dispone la Comisión, pero eso se puede superar dotando los recursos necesarios para ello. Si se han contratado Empresas Auditoras para cuantificar las necesidades de saneamiento de la Banca,¿por qué no dotar de recursos para solucionar un problema que afecta a cientos de miles de familias españolas que han sido engañadas? Por otra parte, se hace necesario modificar la legislación vigente, para que los informes del supervisor sean vinculantes y para que las operaciones de canje tengan que ser autorizadas, y no sólo informadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Pero el Gobierno parece no estar por solucionar el problema de las preferentes. Lo ha regulado con vistas a futuro, poniendo más exigencias y cautelas en su comercialización a minoristas. Parece decidido a finiquitar el problema, obligando al canje de las participaciones por otros recursos propios, con importantes quitas, y con una compensación de rendimientos en años sucesivos. Se trataría de seguir encubriendo el fraude, a costa del bolsillo de los ahorradores. El canje tal como lo tienen planteado no es una solución justa. Pero sirve para dar carpetazo a un fraude admitido en este país, sobre un millón de familias que han dejado de confiar en los Bancos y que cualquier oferta que se les presenta, por parte de estas entidades, las consideran un nuevo engaño para quitárselos de en medio.
La solución a las participaciones preferentes es una condición necesaria para recuperar la confianza y el crédito de las entidades bancarias, por ello hay que apostar por una solución justa que resarza de los perjuicios a las familias engañadas, que depure responsabilidades por la estafa y que ponga los medios necesarios para que no se vuelva a producir.
* Diputado socialista, portavoz adjunto de Economía
