Ana y Antonio sueñan que aún es posible. Llevan muchos años esperando ese momento. El instante en el que, por fin, van a poder abrazar a su hijo. O a su hija. No saben cómo es su cara. No tiene nombre aún. Ni conocen su edad. Únicamente pueden imaginar su piel morena y los rizos de su pelo. Imaginan su sonrisa y dibujan en su mente cómo serán los días de su vida cotidiana cuando por fin lo tengan en casa.
Ana y Antonio siempre tuvieron claro que querían un hijo nacido en África. Siempre tuvieron claro que adoptar era una bella manera de cumplir sus sueños y comprometerse con un continente que aman. Hace ya más de cinco años que iniciaron los trámites para adoptar en Etiopía. Sabían que el camino sería largo y duro. Pero no imaginaron que cuando estuvieran tan cerca de conseguirlo todo se truncaría.
Me cuenta Ana que el camino legal habitual es a través de una empresa intermediaria homologada por la Xunta de Galicia, la comunidad en la que residen. Esa empresa debe ser controlada y auditada por el gobierno regional para que nadie intente sacar provecho de una situación tan delicada. Por eso, Ana y Antonio no entienden que ahora Adiss Galicia (así se llama la empresa) les pida una cantidad enorme de dinero no prevista y que no saben a qué se va a destinar. «Nos han pedido 15.000 euros más». «De ellos», dice Ana, «7.000 son para la supervivencia de la propia empresa y los otros 8.000 euros los quieren en concepto de donativo sin especificar».
Ana asegura que ellos no van a pagar ya más dinero. Esta pareja asume el riesgo de quedarse totalmente fuera del proceso a pesar de haber esperado tanto. Ella me cuenta que su marido Antonio tiene claro que en el futuro no quiere decirle a su hijo que hizo cosas poco decentes para conseguir tenerle en casa. «Es un mercadeo. Nos piden ahora todo ese dinero después de lo que ya hemos pagado. Y ¿después qué?», se pregunta Ana. Una decencia que puede salirles muy cara.
La Xunta asegura que no hay motivos para expedientar a la empresa intermediaria a pesar de las peticiones extra de dinero. Los afectados quieren que su gobierno les dé una respuesta y analice los casos de manera individualizada. Hay demasiado en juego. Y el tiempo corre en su contra porque en algunos tipos de adopciones la edad de los padres penaliza.
Hoy lunes acaba el plazo para que Ana y Antonio tomen una decisión. Y su caso no es único. Otras 90 familias gallegas esperan que alguien desbloquee la actual situación de adopciones en países como Etiopía y Burundi. Otras 90 familias que, como Ana y Antonio, esperan dejar de soñar y tener a sus hijos ya en casa.
* Periodista
