El fiscal Alejandro Luzón se opuso ayer con contundencia a las cuestiones previas con las que los abogados de los 65 exconsejeros de Caja Madrid y Bankia trataron de evitar el juicio por las tarjetas black. «La defensa ha intentado sacar agua de las rocas y la poca que ha salido no es potable», comenzó el responsable del Ministerio Público en su informe contra las alegaciones de los acusados.
Luzón puso este ejemplo para pedir a la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional que rechace todas las cuestiones planteadas por las defensas el lunes y ayer, entre ellas, las relativas a vulneraciones de derechos fundamentales, según esgrimieron los letrados de los expresidentes de Caja Madrid y de Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato.
El fiscal destacó la «generosidad» de Bankia al facilitar unos correos corporativos en los que se explican y contextualizan las hojas de Excel en las que se reflejaron los gastos personales realizados por los exconsejeros de ambas entidades a través de las tarjetas opacas que les habían facilitado. Recordó que ni el derecho a la intimidad ni el derecho al secreto de las comunicaciones son ilimitados, y negó que se hubieran vulnerado. En los correos, explicó, «se tratan temas corporativos, ajenos a la intimidad». «Otra cosa es que tengan carga incriminatoria, pero eso no los convierte en íntimos», agregó.
En este sentido, la acusación que ejerce Bankia aseguró que la entidad «no había ocupado esos datos ni con ‘c’ ni con ‘k’», como le reprochó la defensa del exdirector general de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj, sino que «tenía el deber legal de investigarlos ante la sospecha de la comisión de un delito y así fue exhortado a hacerlo por el FROB».
Mientras Luzón rebatía las alegaciones de las defensas, la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, se vio obligada a interrumpirle para pedir a letrados y acusados que guardaran silencio. El fiscal bromeó diciendo que estaba «acostumbrado a que sus informes no gustaran a las defensas».
Para defender la principal prueba de cargo del caso, las hojas Excel con los extractos de movimientos de las black, el fiscal recordó que «el origen de estos cargos proceden de unos correos debidamente intervenidos en Bankia en los que se habla de tarjetas opacas a efectos fiscales» que son investigados por una auditoria interna de Bankia. «Se encarga un informe, un dictamen muy flojo que produce auténtico rubor a un iniciado en derecho penal, y Bankia encarga otro informe al director de la asesoría jurídica, que lo envía al fiscal, que entiende que los hechos constituyen delito y abre una investigación», recordó.
En lo que sí fue tajante el fiscal fue en negar alguna manipulación de los extractos por parte de Bankia, porque «la sRodrigoRala en instrucción ya dijo que es una afirmación gratuita y huérfana de todo elemento probatorio». «Los cargos se generan automáticamente de forma telemática sin intervención humana y sin necesidad de firma», añadió.
12 MILLONES EN LA INMENSIDAD / En cuanto a la legitimación de Bankia y el FROB para ejercer la acusación particular, Luzón admitió que es cierto que la primera «no es sucesora universal de Caja Madrid» y que ni ella ni el FROB existían cuando se hicieron la mayor parte de los gastos de las tarjetas opacas, pero «sí tienen legitimación para acusar», porque «una cosa es que conserven su personalidad jurídica y otra que no haya sufrido el perjuicio, salvo que se entienda que 12 millones de euros no es nada en la inmensidad de las pérdidas de Bankia».
Como colofón a su informe, el fiscal recordó que «todos los españoles hemos pagado lo de Bankia». «No sé si tenemos vela en este entierro --dijo para contestar al abogado de Estanislao Rodríguez-Ponga--, pero sí ha sido un funeral para todos los españoles».
Por su parte, el abogado del FROB aseguró que su expulsión como acusación particular es «contraria a la legalidad procesal y penal», porque vulneraría el derecho fundamental de acceso a la Justicia. En este sentido, insistió en el «costosísimo» saneamiento que «por mandato legal» realizó de la entidad, por lo que no puede perder la condición de perjudicado.
La Confederación Intersindical de Crédito (CIC) también defendió la legitimidad como acusación de Bankia y el FROB y negó que los correos aportados por Bankia se refieran a cuestiones íntimas.
La acusación que ejerce la Confederación General del Trabajo (CGT) sostuvo que en cualquier demanda por despido se pueden utilizar los correos de los trabajadores, por lo que no entendía las objeciones que ponían a los suyos los 65 exconsejeros acusados de las tarjetas black. H
