El juez Fernando Andreu se ha negado a que la Audiencia Nacional investigue el patrimonio personal y profesional de Rodrigo Rato como le pidió la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de agosto. El togado sostiene que este tribunal no puede asumir este caso, que se inició en el juzgado de plaza Castilla de Madrid, porque la actividad delictiva "se encuentra residenciada en Madrid donde se urdió la trama". Por ello, el magistrado devuelve este caso a plaza Castilla, aunque lo más probable es que acabe en el Tribunal Supremo que será el que finalmente resuelva qué juez persigue a Rato.

Este caso arrancó el pasado mes de abril cuando Rato fue detenido durante siete horas mientras se registraba su casa y su oficina. Desde el inicio los jueces de plaza Castilla han querido remitir el caso a la Audiencia Nacional al asegurar que existía una conexión con el caso Bankia, ya que sostenían que Rato había cometido delitos fiscales y blanqueo de capitales para ocultar su patrimonio y eludir el pago de las fianzas civiles que se le habían impuesto en esta causa y el uso de las tarjetas 'black'.

Sin embargo, la Audiencia de Madrid, decidió que no existía conexión entre ambos casos, pero Anticorrupción decidió que ahora debía volver a la Audiencia Nacional tras recibir un informe de la Agencia Tributaria en el que sostiene que existen "relevantes indicios de la comisión de diversos delitos fiscales relacionados con blanqueo de capitales que, al menos en parte, habría tenido lugar fuera del territorio nacional".

Traspasos a cuentas

Sin embargo, Andreu rechaza estos argumentos al afirmar que la trama que urdió Rato consistió en la transferencia de "cantidades de dinero" que habría obtenido ilícitamente. Sin embargo, el juez asegura que toda la actividad de blanqueo se inició en empresas radicadas en España que realizaron los traspasos a cuentas del Banco Santander y el Banc Sabadell y finalmente una parte del dinero acabó en "un negocio de hostelería en Berlín" y en la construcción de un chalet en Cabueñes (Asturias).

Ahora, el juez de Madrid puede aceptar seguir investigando este proceso o en el caso de que siga pensando que es la Audiencia lo remitirá al Tribunal Supremo para que decida quién se queda esta instrucción. Rato debe abonar una fianza de 18 millones de euros para poder acceder a sus cuentas bancarias que están bloqueadas desde el día de su detención. En su comparecencia ante el juez Antonio Serrano, el pasado mes de julio, se negó a declarar.