Los alcaldes de Villanueva del Duque, María Isabel Medina (PP), y Villaralto, Angel Gómez (IU), emitieron ayer un comunicado en el que piden "respeto hacia la Justicia para que pueda hacer su trabajo" ante las últimas informaciones publicadas sobre el párroco que ha ejercido en sus localidades hasta hace unos meses, Ignacio Mora, acusado de abusos por la familia de una menor y sobre el que pesa una orden de alejamiento de la niña. Al mismo tiempo, piden "que se agilice el procedimiento lo máximo posible" en aras de la convivencia.

Los regidores aseguran que, según la información de que disponen, "a día de hoy ni tan siquiera existe imputación sobre este sacerdote. Será la Justicia quien determine si debe ir o no a juicio y si es o no culpable de los delitos que se le acusa". También niegan que este perteneciera "a ningún grupo armado o terrorista, como se ha llegado a decir". Según la información que ellos conocen, "los hechos ocurrieron veinte años antes de su ordenación, cuando Ignacio Mora fue detenido junto a otros jóvenes por reventar el cristal de una clínica abortista con un pequeño artefacto de fabricación casera. Permaneció 4 meses en prisión, en espera del juicio. Fue absuelto de pertenecer a grupo armado, siendo acusado exclusivamente por un delito de daños materiales. El Tribunal Supremo de Madrid pidió el indulto y su caso finalmente fue archivado", afirman. También se refieren a la familia denunciante, de la que aseguran que disponen de poca información ya que no pertenece a ninguna de sus localidades y "solo permaneció en Villaralto durante cinco meses y en Villanueva del Duque otros cinco". Sobre ella, que abandonó Villanueva tras la detención del cura, informan de que hubo algunos conflictos durante este tiempo con vecinos de dichas localidades y que "fueron los propios vecinos y Cáritas Parroquial quienes colaboraron con ellos debido a que su situación económica era complicada". También aseguran que, conociendo sus dificultades económicas, les ofrecieron la ayuda de los servicios sociales "y rehusaron dichas ayudas".

"Durante los casi tres años que el párroco ha ejercido en las parroquias de los municipios no ha habido ningún tipo de problema con ninguna familia de estas localidades, al margen de la mayor o menor empatía", afirman, y aseguran que goza de la confianza de los vecinos.

Por su parte, el alcalde de Fuente la Lancha, José Chaves (PSOE), incluido inicialmente en el comunicado, se desmarcó anoche del mismo porque, dijo, "no quiero valorar el proceso en el que se encuentra el sacerdote y mucho menos la situación de la familia de la menor". Sí suscribe, en cambio, la petición de respeto a la acción de la Justicia y celeridad en el proceso.