El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Montilla tiene abiertas unas diligencias previas a un agente de la Policía Local de La Rambla por un posible delito de falsedad en documento.

Según ha podido saber Diario CORDOBA, la anterior secretaria de la Corporación municipal de La Rambla observó que en un documento relativo a unas oposiciones para cubrir una plaza de oficial de la Policía Local aparecía su firma, cuando ella no había rubricado ese texto.

Al percatarse de esta circunstancia que podía beneficiar al agente ahora sometido a investigación judicial, la secretaria puso los hechos en conocimiento de la fiscalía provincial por si el ministerio público consideraba que esta actuación pudiera ser constitutiva de infracción penal.

A la vista de los resultados que obtuvieron las investigaciones del fiscal, el asunto ha acabado ante el juzgado. Además, la secretaria dio traslado de esta situación al alcalde rambleño, Manuel Fernández Campos.

Esta oposición, cuyo tribunal estaba presidido precisamente por la secretaria del Ayuntamiento, había sido convocada en la modalidad de concurso de méritos, ya que era de promoción interna. Las bases se publicaron en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 2 de enero pasado, así como en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 19 de enero, y tenían como objeto cubrir una vacante en la plantilla del cuerpo de seguridad municipal, que está compuesto actualmente por 13 personas.

En los 20 días hábiles siguientes, según se incluye en las bases establecidas, los aspirantes --entre los que figuraba el implicado-- formalizaron su inscripción en esta convocatoria pública.

Según fuentes cercanas al caso consultadas por este periódico, el imputado --vecino de Montilla-- fue llamado a declarar ante el juez instructor.

En este mismo plano procesal, cabe destacar que el ministerio fiscal esté pendiente de emitir la calificación provisional de estos hechos. El Código Penal contempla penas de prisión que oscilan entre seis meses a tres años y multa de seis a doce meses para quien cometiere delito de falsedad documental.