Las cuentas del Consorcio Provincial de Bomberos de los últimos años no dejan de arrojar sorpresas, después de descubrirse el agujero de casi 15 millones que tenía con Hacienda y la Seguridad Social y el desvío de otros fondos por el exgerente. Ayer el presidente del Consorcio, Manuel Gutiérrez; el vicepresidente primero de la Diputación, Salvador Fuentes; y el actual gerente, Juan Carlos Jurado, dieron a conocer que se ha detectado una nueva irregularidad en la gestión de Antonio Navarrete, consistente en una contabilidad paralela con la que se hizo frente al pago de más de cuatro millones, sin que éstos tuvieran reflejo en el presupuesto del Consorcio. Estos datos se dieron a conocer ayer tras el consejo y la junta general del Consorcio celebrada ayer en el Palacio de la Merced.

Jurado explicó que la asamblea tuvo que aprobar ayer un expediente de reconocimiento de obligaciones de ejercicios anteriores por valor de 4.029.000 euros para poder hacer frente a este gasto, con el que en su momento se debería haber asumido el compromiso con la Agencia Tributaria y sin embargo se usaron para pagar "horas extras, anticipios al antiguo gerente por más de 50.000 euros, seguros de vehículos, etcétera".

Otro de los errores detectados consiste en que se han dejado de cobrar servicios prestados por el Consorcio de Bomberos por valor de 191.944 euros de 1.190 intervenciones ejecutadas entre los años 1977 y 2008, al haber dejado expirar el plazo de cobro de las facturas correspondientes. Ante esta situación, explicó Manuel Gutiérrez, se ha abierto un expediente disciplinario al anterior jefe de administración del Consorcio y se ha pedido al servicio jurídico que defienda al Consorcio en la exigencia de las responsabilidades que correspondieran. Gutiérrez añadió que estas liquidaciones pendientes pago han prescrito, pero añadió que "estaríamos incurriendo en un delito si no reclamáramos".

Además, continuó explicando Gutiérrez, dos días después de abrir el citado expediente el juzgado de instrucción número 2 de Córdoba ha imputado al jefe de administración del Consorcio, Manuel Muñoz Luna; y al inteventor, Francisco Gómez; además de al gerente, Antonio Navarrete. Explican que son las tres personas que tenían que haber conocido e informado de la situación que se atravesaba y de los avisos y requerimientos de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria sobre las deudas que se tenían contraídas.