Unos cuarenta alcaldes, concejales y representantes públicos del Partido Socialista cordobés han presentado esta mañana un escrito en la Subdelegación del Gobierno un escrito en el que reclaman al Gobierno central que elimine este año la obligatoriedad de reunir las 35 peonadas necesarias para cobrar el subsidio agrario a los trabajadores del campo, debido a la pérdida de jornales generada por la sequía.
Solo en la campaña de la aceituna, explicaron la vicesecretaria general del PSOE de Córdoba, Dolores Amo, y la responsable de política municipal y diputada en el Congreso, María Jesús Serrano, en la provincia se perderán este año más de 500.000 jornales, lo que impedirá que muchos trabajadores eventuales agrarios puedan reunir dichas peonadas para poder cobrar el subsidio o la renta agraria. Las responsables socialistas pidieron a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que tenga sensibilidad con su tierra y atienda a esta demanda que afecta a una gran parte del territorio andaluz. Indicaron que se trata de una medida especial y no definitiva, debido a la situación tan delicada que se está viviendo en el campo.
Además, explicaron que es necesario un plan de empleo especial que compense esa pérdida de jornales, así como que se equiparen las dos ayudas (subsidio y renta) para que los trabajos que se generan en el PFEA cuenten tanto para los receptores de una como de otra ayudas (a los perceptores de la renta agraria no les sirve para reunir peonadas). Asimismo reclaman que cualquier trabajo que puedan ofrecer ayuntamientos y diputaciones pueda servir para contabilizarlo a efectos de peonadas.
Esta situación, indicaron, es especialmente delicada para mujeres y mayores, que son los que más dificultades tienen para reunir las peonadas.
El alcalde de Iznájar, Lope Ruiz, indicó que en un pueblo como el suyo la pérdida de jornales, cifrada por Amo y Serrano en más de un 15% este año, puede llegar al 50% y reclamó poder utilizar los recursos de los remanentes de tesorería para ofrecer empleo, y no para pagar deuda, como actualmente obliga la Ley de sostenibiliad de la administración local, que obliga a usar dichos fondos para liquidar deuda.
