Padres y docentes de los centros de educación diferenciada de Córdoba (Zalima, Yucatal y Torrealba) celebraron ayer con satisfacción la sentencia del Tribunal Supremo que les da la razón y les devuelve el derecho a recibir el concierto educativo denegado por la Junta de Andalucía. «La enseñanza mixta es un medio, no el único, de promover la eliminación de aspectos de la desigualdad por razón de sexo», según la sentencia, la cual, sobre la Convención de la Unesco que establece que el acceso a la educación por parte de ambos sexos deben ser facilitadas, matiza que no han de ser los centros educativos «los que deban ofrecer tales condiciones de acceso». La sentencia del Supremo reconoce la legalidad de la educación diferenciada y recoge de forma expresa que «no se puede asociar la enseñanza separada con la discriminación por razón de sexo». Según la portavoz de los padres, agrupados en la plataforma Mis padres deciden, «esto devuelve la tranquilidad a las familias que en el ejercicio de un derecho eligen la educación diferenciada» y consideran que «hay un ataque a la educación diferencia concertada y que con la sentencia «ha ganado la libertad y el derecho de los padres incluso los de escasos recursos económicos a decidir la educación de nuestros hijos».

Los sindicatos USO y FISIE mostraron igualmente su satisfacción y exigieron que la sentencia se acate inmediatamente mientras fuentes de Zalima explicaron que las sentencias del Supremo responden a los recursos presentados por los colegios Altair y Ribamar, pero se espera que en las próximas semanas se pronuncie en el mismo sentido respecto al resto de recursos presentados por los demás colegios de educación diferenciada. Las mismas fuentes indicaron que durante toda la mañana de ayer hubo un aluvión de padres y allegados contactando con los responsables del colegio para confirmar la noticia. Este año, el número de solicitudes de bachillerato en Zalima ha sido de nuevo superior al de plazas ofertadas.

Por su parte, la consejera de Educación anunció nada más conocerse la sentencia que la acatará aunque no comparte los argumentos del Supremo y en la misma línea se manifestó ayer la consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio. Para el PP, la sentencia del Supremo supone «un fracaso de Susana Díaz» a la que achaca «la intención de pisotear la libertad de las familias, tumbada por los tribunales», en palabras del secretario general del PP de Córdoba, Adolfo Molina.