Las operaciones de compra venta que cerró Almazaras de Priego con la entidad granadina Oligra "excedían su capacidad real de suministro" y en sus libros se observaba "un profundo desorden contable". A estas conclusiones llegaron dos auditores que declararon ayer en la Audiencia Provincial de Córdoba en la quinta sesión del juicio que se sigue a siete acusados de estafa, delito societario y falsedad documental.

En el banquillo se sientan los entonces gerente, presidente, secretario y tesorero de la cooperativa de segundo grado Almazaras, además de dos directivos de la cooperativa Oligra (de Granada) y otro de Oleonostrum (Málaga), quienes se enfrentan a penas que suman 44 años de prisión, además de multas por valor de 292.000 euros y una indemnización de 775.000 euros.

Entre septiembre y diciembre del 2004 se efectuaron una serie de operaciones de compra venta de 11,4 millones de kilos de aceite que supusieron una pérdida de 650.000 euros para la cooperativa a favor de Oligra. La fiscalía mantiene que Pedro Quesada --exgerente de la cooperativa-- firmó los contratos con representantes de Oligra, en los que intervinieron también unos corredores "guiados por el ánimo de enriquecimiento ilícito ajeno, sin conocimiento del consejo rector" de Almazaras.

Los auditores, solicitados por el ministerio público, apuntaron que la cooperativa "bastante tenía con vender su propio aceite" y que "lo único que hubo" en estas transacciones fue "movimiento dinerario, pero no de existencias". A esto se une que los registros "están mal contabilizados" y que donde intervienen los corredores "hay mayor incumplimiento de contrato". También observaron "falta de firmas y de fechas" en algunos contratos y añadieron que desde el punto de vista contable "los apuntes no tienen explicación".

Otro perito, esta vez solicitado por la acusación particular que representa a Almazaras, expuso que los contratos le parecían "favores entre amigos" al entregar la cooperativa 400.000 euros a Oligra y esta devolverlos a los pocos días antes de fin de año para que no figuren "números rojos" en el balance anual. Tampoco "tiene sentido" que se fijen entregas de mercancías en un contrato de cancelación.