La congregación religiosa de los Hermanos Maristas Provincia Mediterránea ha presentado una querella contra la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y contra el jefe de la Oficina de Patrimonio del mismo organismo autónomo por los supuestos delitos de prevaricación y otro de falsedad documental en el expediente administrativo del plan especial en Suelo No Urbanizable Castillo Maimón, con el que la institución de enseñanza quiere ampliar los usos urbanísticos de que dispone y dar carácter residencial y hotelero a ese inmueble. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) contempla esta posibilidad del plan especial, que debe definir lo que se puede hacer en el suelo que ocupa este inmueble que adquirió la institución en 1946.

El juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba ha admitido a trámite la querella y ha citado a declarar al arquitecto técnico denunciado el próximo 27 de febrero. El origen de la controversia, que se va a dirimir en un juzgado de lo Penal y no en uno de lo contencioso-administrativo o civil, reside en la interpretación que cada una de la partes (GMU y los Hermanos Maristas) da a un camino que cruza la finca, en concreto al numerado con 41. El organismo autónomo municipal le da calificación de público, mientras que la institución religiosa le da la categoría de privado al acceso a su finca y a las edificaciones existentes.

La Junta de Gobierno Local aprobó inicialmente en el 2012 el plan especial Castillo Maimón promovido por los Hermanos Maristas Provincia Mediterránea, pero a la vez le requería a que, antes de aprobar provisionalmente ese plan urbanístico, aportara un plano en el que se delimitara con claridad el dominio público de ese camino 41 de acceso a su propiedad, algo a lo que se resiste, porque lo considera privado, la congregación religiosa, que acusa a Urbanismo y al jefe de la Oficina de Patrimonio de haber "falsificado y manipulado" planos, con lo que, en opinión de los Maristas, "se ha traspasado el campo administrativo para adentrase en el ámbito de la jurisdicción penal", ya que considera "arbitraria" la decisión del técnico municipal, que "desnaturaliza el plan especial", que está actualmente paralizado a expensas de ese cambio por parte del promotor.

El denunciante aporta en su estricto de querella, de 38 folios, copia de la escritura de compraventa de esa finca en 1946 ante el notario Luis Boza y Montoto, "en la que no consta que (la finca) se encuentre atravesada por camino público alguno".

El presidente de la GMU y teniente de alcalde de Urbanismo, Luis Martín, no quisó ayer entrar en detalles sobre la querella presentada, pero sí mostró "su apoyo total" hacia el funcionario que emitió el informe que, según dijo, acredita que ese camino es público, como así recoge la Ordenanza municipal reguladora del uso, conservación y protección de los caminos públicos vecinales, así como de las fuentes, abrevaderos y alcubillas del término de Córdoba. Esta ordenanza señala que ese "camino vecinal parte de la carretera de circunvalación de esta ciudad en el sitio denominado la Cruz de Juárez se dirige por tierras de Buenavista, continuando desde este punto al repartidor de aguas de Mirabuenos y prosiguiendo por tierras de dicho prédio y las del Castillo de Hojamaimón hasta la fuente pública de la Palomera. De la cerca de la hacienda de Mirabuenos se deriva una vereda que pasando por la del castillo, atraviesa el camino que se dirige al arroyo Pedroches, continuando por terrenos del molino de la Palomera, del haza de la Marquesa y de la Virgen a incorporarse al camino que va a Santo Domingo".