El último plazo concedido a la sociedad adjudicataria de la Ciudad de la Justicia para obtener financiación para el proyecto e iniciar las obras cumple hoy "sin novedad", según informaron ayer fuentes de la Junta de Andalucía. Es decir, el complejo judicial seguía en el aire unas horas antes de agotarse la prórroga que se concedió el pasado noviembre con "carácter máximo y definitivo". Y lo que es peor, su futuro podría quedar hoy definitivamente comprometido. Ayer mismo, desde la sociedad integrada por las empresas Corsán- Corviam Construcción y Copcisa Industrial se prefirió no responder a las preguntas de este periódico sobre la situación del proyecto y si habían obtenido la financiación necesaria, generando aún más dudas sobre su viabilidad. De su lado, la Consejería de Justicia aguardará hasta hoy para pronunciarse.

Al concederse la última prórroga, la delegada del Gobierno andaluz, Isabel Ambrosio, aseguró que la ampliación del plazo era "la mejor opción" para contar a medio plazo con la Ciudad de la Justicia, "frente a la alternativa de comenzar de nuevo todo el proceso y recurrir a la convocatoria de un nuevo concurso", lo que supondría retrasar considerablemente el proyecto. Pues bien, atendiendo a que el plazo que se agota hoy se dio con "carácter máximo y definitivo", este podría ser a partir de ahora el escenario para la Ciudad de la Justicia: un nuevo concurso.

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, aseguró hace dos semanas en el Parlamento andaluz que esperaba que la adjudicataria obtuviera la financiación para comenzar la construcción antes de que expirara el plazo, y apuntó a que había "un importante grado de avance". Pero no se han cumplido los deseos del consejero, a pesar de que también la sociedad adjudicataria transmitió en noviembre a la Junta que tenía comprometido por distintas entidades bancarias más del 60% del capital necesario para afrontar este proyecto.

Según ha recordado la Junta, la adjudicataria solicitó en julio del 2012 una ampliación del plazo para el desarrollo del proyecto "debido a la situación de los mercados financieros y a las dificultades para conseguir la financiación" que permitiera iniciar las obras mediante la fórmula de colaboración público-privada. Esta ampliación ha sido prorrogada varias veces por la Consejería de Justicia e Interior, que acordó ofrecer un último periodo de espera que finaliza hoy mismo.