Tres años de cárcel, ocho de inhabilitación especial para empleo o cargo público y una multa de 10 meses con una cuota diaria de 12 euros es la pena que solicita el ministerio fiscal para Antonio Guisado Adame, ex alcalde socialista de la localidad de Fuente Palmera, por un delito de prevaricación y falsedad. La segunda de estas acusaciones se extiende a Carmelo Tubío Adame, que ejerció las funciones de secretario de la Corporación municipal de la colonia bajo el mandato del anterior.
Las tesis del fiscal se basan en unos hechos ocurridos en febrero de 1997, cuando Guisado "adjudicó de forma arbitraria en virtud de un inexistente acuerdo de la comisión de Contratación de la citada Corporación, sin cumplir la normativa, un contrato de suministro de material informático para el Ayuntamiento que presidía a la empresa CIAC Informática SCA", cuyo consejo rector estaba formado por Antonio Javier Guisado Baena, como presidente, y Carmen Baena García, como tesorera, hijo y esposa del acusado.
El alcalde y el secretario manifestaron que la adjudicación se había ajustado a la ley y que existían tres empresas que se presentaron para suministrar el material. "Sus presuntas ofertas, suscritas por el alcalde, habían sido hechas con posterioridad", según se relata en la calificación del fiscal.
Y es que "el número de teléfono que figura en las mismas no causó alta hasta el 12 de mayo del 99" --más de dos años después-- y el escudo de la localidad de los impresos "no fue adoptado por el Ayuntamiento sino después de esas fechas".
Las otras dos empresas a las que se dice fueron remitidas las comunicaciones fueron Diasa y Deccor, cuyos responsables aseguran no haber recibido oferta alguna.
OTRO FALLO El escrito está fechado el 27 de enero de 1997 y contenía impreso en el apartado de la suma de las cantidades, junto a la peseta, el importe en euros. Hay que recordar que la introducción de la nueva moneda en nuestro país fue regulada por una ley de 1998, "lo que acredita no haber sido presentado en aquella fecha y que todo el expediente fue manipulado con posterioridad por ambos acusados, que obraron concertadamente".
El juicio se celebrará el próximo día 22 de enero en la sección segunda de la Audiencia Provincial y están llamados a declarar, además de los acusados, los concejales del PP María Pilar Gracia Jiménez y José Manuel Delgado Hillinger Andrés.
