El decimotercero marqués de Villaseca, Eduardo Cabrera Muñoz, denunció ayer ante la Delegación territorial de Cultura de la Junta el traslado fuera de Andalucía del archivo del convento de Santa Isabel de los Ángeles, vendido en el 2016 por las monjas clarisas para su conversión en un hotel de cuatro estrellas. El marqués, en el escrito, pone en conocimiento de Cultura unos hechos que, a su juicio, «podrían constituir un importante daño al patrimonio histórico» de Córdoba «consistente en el traslado fuera de Andalucía, no autorizado y sin inventariar, del archivo del convento». Cabrera Muñoz realiza esta afirmación «porque así lo ha reconocido», según indica el escrito, «la propia abadesa del convento» en «su declaración prestada» el 19 de septiembre del 2017 «ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba», donde aseguró que «el archivo del convento está en la Federación Bética de las monjas clarisas», que está en Badajoz. El marqués pide a Cultura que «adopte las medidas pertinentes para la adecuada protección del patrimonio histórico y cultural andaluz».

El marqués indica que «la relavancia» del archivo «puede extraerse de la simple lectura de las obras Clarisas y reforma en Andalucía: las fundaciones cordobesas (1464-1525) y Autoría femenina y carisma religioso, orígenes de las clarisas descalzas en Andalucía, de María del Mar Graña Cid.

Por otro lado, el marqués de Villaseca considera «totalmente injustificado» que la Fiscalía pida la desestimación del recurso presentado en relación a la extracción e incineración de restos enterrados en el convento. El marqués argumenta que «han quedado pruebas sin practicar» mientras que en otros casos, como el del antiguo convento agustino de La Laguna, en Tenerife, se han estudiado los restos hallados en una cripta. Además, afirma que «de la prueba practicada no se deduce en absoluto el desconocimiento de la investigada de que había familiares allí enterrados, sino que han actuado precisamente así por el conocimiento que tenían de las personas allí enterradas». Añade que «el modo en el que se han hecho las cosas sin conocimiento siquiera de la familia lleva a pensar en unas exhumaciones por motivos puramente económicos, pasando por encima de los derechos individuales de los familiares, y del derecho público amparado por el expediente BIC». A su juicio, el efecto inmediato de las exhumaciones ha sido la exclusión de las criptas de la protección del BIC.