Los colectivos vecinales integrados en el consejo de distrito Centro consideran que la Gerencia de Urbanismo debe replantearse la ordenanza de inspección técnica de edificios ante las dificultades que está demostrando su puesta en práctica desde su aprobación hace dos años. El objetivo final es que la revisión de edificios resulte "efectiva", según indica el presidente de este órgano, Pedro Antúnez, que considera que la ordenanza que se estrenó en la Axerquía Norte "está muy bien conseguida legislativamente pero su viabilidad es imposible desde el punto de vista práctico". El consejo de distrito piensa que se debe dar otro enfoque al documento para que "los informes no sean tan rígidos y exigentes" y los propietarios de los inmuebles "puedan asumir el importe que conllevan". Al coste de los informes hay que sumar el de las obras exigidas en una zona en la que los vecinos tienen rentas medias o bajas.

El consejo lamenta que cuando la ordenanza entró en vigor en septiembre del 2009 "no se hizo la difusión oportuna", por lo que hay propietarios de casas de más de 100 años que debían haberla pasado antes del 26 de septiembre del 2010 y otros de viviendas de entre 75 y 100 años que tenían la obligación de someterse a la ITE antes de la misma fecha, pero de este año, que no lo han hecho. Antúnez explica que "donde se ha intentado llevar a cabo la inspección ha surgido el problema de que, cuando se llama a un ingeniero técnico, la ordenanza es muy rígida y con responsabilidades tremendas para realizar el informe".

Al escaso grado de seguimiento de la ordenanza, apenas un 14% de los obligados a cumplirla lo han hecho, se une ahora un problema más, el decreto estatal que insta a todos los municipios mayores de 25.000 habitantes --Córdoba, Lucena y Puente Genil-- a pasar la revisión de todos los edificios de más de 50 años independientemente de la zona, por lo que el ámbito de la ordenanza se debe ampliar. Teniendo en cuenta el fracaso de la ordenanza en la Axerquía Norte, el consejo se muestra preocupado por los efectos de este decreto, que entrará en vigor a partir de julio del año que viene y obliga a realizar las inspecciones antes del 2015.