La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social ha incorporado a sus servicios de atención telefónica a la infancia el 116111 que es el número común que se utiliza en los países de la Unión Europea para la protección de menores. Así lo ha explicado la delegada para la Igualdad y Bienestar Social en Córdoba, Silvia Cañero, durante el Consejo Provincial de la Infancia celebrado ayer, según informa la Junta en una nota.

El 116111 convivirá en sus inicios con las dos líneas actualmente en servicio: Teléfono de Atención a la Infancia (902 102 227) y Teléfono de Notificación de Situaciones de Maltrato (900 851 818). En el 2011 se recibieron 87 notificaciones, 75 moderadas y 12 leves, sobre posibles casos de desprotección de la infancia, fundamentalmente por negligencias en el cuidado, maltrato psíquico y/o físico.

En el consejo, la delegada ha informado de que los 15 Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) que, con financiación de la Junta, trabajan en la provincia, atendieron a 521 familias para ayudar a superar situaciones problemáticas, un 2% más que en el 2010. La media de familias atendidas por equipo es de 33,5, siendo Puente Genil y Baena los que mayor número de casos han atendido.

En el 2011 se tramitaron 1.528 prestaciones a familias dentro de las distintas líneas de ayudas que la consejería desarrolla dentro del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas. De ellas, 561 se corresponden a ayudas concedidas por parto múltiple o por nacimiento de un tercer hijo teniendo dos menores de 3 años. Las 967 restantes se concedieron en colaboración con los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y la Diputación y se destinaron a la atención de necesidades básicas de familias con menores a su cargo.

La delegación tramitó también el pasado año 3.282 títulos de familia numerosa de los que 1.078 son de nueva expedición. Cañero informó sobre las actuaciones que se desarrollan para garantizar la protección de los menores cordobeses, asumiendo su tutela cuando sus familias no pueden hacerse cargo de ellos o es necesario adoptar medidas que aseguren el bienestar del menor.