Cuatro sesiones y a la espera de veredicto. El juicio por las amenazas de violación, muerte y extorsión que sufrieron dos residentes en Córdoba de origen chino concluyó ayer con las alegaciones de la fiscalía y la defensa, dando paso a las deliberaciones del jurado popular, que recibirá hoy el objeto de sentencia sobre el que se pronunciará en los próximos días.

La fiscalía pide para los acusados, una pareja de nacionalidad china que fue detenida el pasado 16 de febrero de 2013, una pena de seis años y medio de cárcel para cada uno, más una orden de alejamiento de 10 kilómetros, teniendo además prohibido contactar con las víctimas por un período de 10 años. La defensa, por el contrario, pide la exculpación de ambos al "no haber pruebas constadas ni informes periciales que sustenten la causa".

Quedan al margen los dos robos sufridos en el domicilio y restaurante de las víctimas al no poder vincularse con los detenidos, pese a que uno de ellos fue reconocido durante una de las sesiones del juicio como uno de los asaltantes a la vivienda. Se considera que, puesto que la víctima no logró identificarlo en la fase de instrucción y su mujer declaró que ninguna de las personas en rueda de reconocimiento se ajustaba a la descripción del atacante, no puede inculpársele de una causa que es ajena al presente juicio.

Sin embargo, la fiscalía sí acepta como probada la participación de ambos acusados en el proceso de acoso continuado y extorsión ya que no solo la investigación a través de las llamadas intervenidas "ha demostrado que ellos participaron en las conversaciones en las que se pedía una suma de 10.000 euros", sino que la historia relatada por la defensa, en la que se dice que la pareja estaba de turismo y acabaron en el lugar equivocado en el momento menos propicio, está llena de flecos.

La defensa pide al jurado que, puesto que no se realizó un análisis posterior de los móviles intervenidos, así como en las grabaciones mostradas no constan las amenazas (la red se pinchó dos semanas después de que estas empezaran), no pueden considerar que haya delito o, si lo hay, no puede ser probado fehacientemente.