El absentismo laboral en el Ayuntamiento de Córdoba afecta al 4,2% de la plantilla de la Administración local, que es de 2.000 trabajadores, lo que significa que unos 84 trabajadores municipales se dan de baja al año. La mayoría de los casos se refieren a bajas de larga duración, de manera que las que no superan los 20 días suponen el 12% del total. Así se ha puesto de manifiesto en la mesa general de negociación sobre incapacidad temporal, un grupo de trabajo en el que la delegada de Personal, Antonia Luisa Sola, ha presentado el documento para la aplicación de la nueva regulación de la prestación económica en dichas situaciones, que recoge recortes en el salario desde el día 1 de la baja al 20. Los sindicatos han rechazado la propuesta al entender, entre otras cuestiones, que debe ser más flexible en sus supuestos.

El responsable de CTA, Francisco Moro, hace hincapié en que el Ayuntamiento "es la empresa con menos cifra de absentismo de España, tanto privada como pública". La experiencia dice que cuando los casos de faltas al trabajo alcanzan al 6,5% de la plantilla se comienzan a tomar cartas en el asunto al considerarse preocupante y fuera de toda lógica. "Perseguir el absentismo en el caso del Ayuntamiento de Córdoba no está justificado", indica Moro. Tras ser rechazado por los representantes sindicales de UGT, CCOO, CTA, CSIF y Siplco, el documento presentado por Personal irá a junta de gobierno para su aprobación.

Moro manifiesta que la propuesta del Consistorio debería "tener más margen", un extremo en el que coincide el secretario general de Siplco, Emiliano Martos, quien insiste en que "es importante que se estudien los servicios y sus pecualiaridades a la hora de ver los casos de bajas en el trabajo". Martos también sostiene que el absentismo en el Ayuntamiento es muy bajo y asegura que "se busca ahorrar dinero, no luchar contra las faltas".

Por su lado, la delegada de Personal, Antonia Luisa Sola, comparte que los índices de absentismo en el Ayuntamiento "son muy buenos y muy razonables", aunque esta realidad no significa que el real decreto-ley 20/ 2012 del 13 de julio pueda pasarse por alto y quedar sin aplicación. Sola insiste en que la propuesta presentada por su departamento para regular las retribuciones por incapacidad temporal es "la más generosa" que podían haber puesto sobre la mesa y apunta que se ha cogido el modelo estatal, el de la Junta de Andalucía y el del gobierno vasco y se ha articulado "la forma más beneficiosa, con contingencias que no recoge nadie en el país". El Real Decreto Ley, apunta la responsable municipal, es de obligado cumplimiento "y lo que no se nos puede pedir, como se ha hecho, es su inaplicación".

El presidente del comité de empresa, Manuel Torres, mantiene que la propuesta del Ayuntamiento es "un poco más razonable" que la que plantea el Gobierno central aunque entiende que "recortan derechos sin sentido, ya que nuestro absentismo laboral es muy bajo".