Carmen Ramos nunca pensó que alquilar su piso le fuera a salir tan caro. Hace un tiempo se vio obligada a trasladarse a Córdoba para cuidar de su madre, enferma, y su hermana, que sufre una discapacidad, así que decidió poner su vivienda de La Carlota chica en alquiler. «Amparo y Jorge, la familia alojada, me presentaron nóminas en regla y en ningún momento me alertaron de que estaban pasando por un momento económico delicado», recuerda, «pero nunca llegaron a pagarme ni siquiera la fianza».

A mediados de mayo del mes pasado, poco después de mudarse, la avisaron de que tenían problemas en el trabajo y que no podían pagarme la fianza, según relata. «Les dije que no me gustaba que empezaran incumpliendo el contrato», señala. Poco después, supo que la familia que le alquilaba la casa había recurrido al Ayuntamiento para pedir una ayuda de emergencia, que fue quien le abonó tres meses. «Desde agosto, no han pagado ni el alquiler, ni luz o agua y calculo que ya vamos por 1.700 euros de deuda», explica, «yo sé que hace calor en Córdoba, pero las facturas de la luz son de haber puesto el aire sin cortarse».

Carmen asegura estar desesperada. «Yo tengo trabajo, pero con un sueldo base, vivo de alquiler en Córdoba, pero no puedo ayudar a mi madre y a mi hermana porque tengo que asumir los gastos de una familia que no deberían ser responsabilidad mía», señala sincera.

En septiembre, tras una negociación que se inició en el mes de junio, el banco Sabadell comunicó a sus inquilinos, que previamente fueron desahuciados de su piso, que se les iba a conceder una vivienda de las que tienen vacías, pero antes tiene que ser acondicionada porque está muy deteriorada. «Mientras el banco la pone a punto, yo no puedo disponer del piso, pero tengo que afrontar los gastos, que están a mi nombre, confiando siempre en que cuando salgan el piso esté como cuando yo lo entregué». Según explica, se trata de un dúplex de 140 metros totalmente equipado que les alquiló por 400 euros al mes. «Ojalá pudiera ayudar, pero cualquiera entenderá que mi familia está primero y que no esta situación no es justa».

Según la asociación Anfane, que está ayudando a la pareja en alquiler, el banco se ha comprometido a entregar el piso arreglado en un plazo de entre 40 y 60 días a partir de la aceptación del mismo, un paso que ha tenido lugar hace pocos días. En ese momento, tendrán derecho a disfrutar de esta vivienda tres años de alquiler social a 66 euros mensuales. Esta familia firmó la dación en pago de su piso hace ahora un año, donde ellos querían volver, pero que ya está en proceso de venta, por lo que se les ha asignado otro.

Carmen Ramos, que de momento no ha demandado a la pareja, reclama soluciones para los que están en el otro lado, ante lo que Anfane se ha ofrecido a buscar alguna solución. «A mí no me han desahuciado, pero tengo que cuidar de los míos, no puede ser que un particular tenga que asumir esa responsabilidad, debe haber instituciones que lo hagan».