El Ayuntamiento está estudiando si recurre o no la sentencia que da la razón al Cabildo sobre la plaza del Pocito, por lo que aún no tiene decidido si la acatará e iniciará un nuevo proceso que acabe en la aprobación, por parte del Pleno, del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, que es lo que invalida el fallo.
El delegado de Presidencia, Emilio Aumente, explica que «la asesoría jurídica está analizando la sentencia y todavía no hemos decidido qué hacer porque tenemos hasta el día 29 para adoptar una resolución». En este sentido, señala que si la asesoría «recomienda recurrir, recurriremos, y si recomienda acatar la sentencia y empezar de nuevo y abordarlo por el Pleno, lo haremos».
Aumente recuerda que la sentencia «no entra en el fondo sino que se queda en la forma» y reconoce su «sorpresa» al asegurar que la Junta de Gobierno Local no es el órgano competente para decidir, ya que «adoptamos esa resolución como consecuencia de un informe del secretario del Pleno», por lo que «si no tenemos garantía de lo que el secretario dice, eso sí es para estudiarlo y tenerlo en cuenta para el futuro». Tampoco entiende cómo la Junta de Gobierno Local «es competente para enajenar un bien público y no para abrir una investigación sobre un espacio que creemos que es público». A su juicio, «es contradictorio e interpretativo, pero respetamos lo que los jueces dicen». Por ello, piensa que «la decisión que se adopte debe tener mayor garantía y seguridad para el fin que se propone, que es que entendemos que es un bien público, que no es un espacio de la Iglesia». Aclara que «no hemos recurrido la propiedad ni del santuario ni del Pocito, sino de unos espacios en los que el Ayuntamiento ha hecho obras», por lo que «no es ir contra la Iglesia» sino «defender lo que consideramos un bien público».
Por otro lado, el concejal del PP Luis Martín considera que el fallo judicial supone un «revés y un varapalo» a la gestión «errática y sectaria» del cogobierno de PSOE e IU, «más ocupados en generar confrontación que en resolver los problemas reales de la ciudad, de la que no se han ocupado en más de año y medio». Martín apunta que la resolución representa «una enmienda a la totalidad» a la «política revisionista e ideológica» de un gobierno municipal que «ha convertido en problema y enredo todo lo que ha tocado». A su juicio, la sentencia «confirma que este gobierno municipal no tiene problema alguno en buscar el atajo para lograr aquello que se propone alcanzar por cuestiones ideológicas, que no por interés general». Por ello, insta al cogobierno a «abandonar la senda de la confrontación y el sectarismo, a iniciar un nuevo camino donde se priorice el interés general» y «respete la legalidad».
Por su parte, Ganemos considera que «hay que dar un giro en la defensa de los bienes públicos inmatriculados», que debe estar presidida por la «transparencia y el conocimiento por la ciudadanía de todo lo que le ha sido usurpado». Ganemos asegura que el Ayuntamiento posee un listado de bienes que han sido inscritos sin título por la Iglesia y muestra su sorpresa por las recientes declaraciones de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, que dijo que esa lista es pública, pero «por más que hemos buscado, no la hemos visto publicada en la web municipal, por lo que la ciudadanía no puede tener acceso a ella», según indica el concejal Alberto de Los Ríos. Ganemos pedirá al Pleno la publicación inmediata de la lista.
El Cabildo, por su parte, ha prefirido no valorar la sentencia.
