F. M., un cordobés de 40 años, lleva casi tres años reclamando a la justicia que actúe para que se le permita conocer a su hija y pueda ejercer como padre, con todos los derechos y obligaciones que esto implica. La madre de la niña, con la que no estaba casado, comunicó a F.M., tras romperse la relación que mantenían, que no estaba dispuesta a reconocer la paternidad y le anunció que para ver a su hija tendría que ir a los juzgados. En noviembre del 2014, una sentencia estimatoria del Juzgado de Posadas reconoció la filiación tras oponerse la madre a las pruebas de ADN solicitadas por F.M. Atendiendo a la ley, el juez interpretó como prueba de paternidad la negativa de la madre. Tras conocerse la sentencia, ella la recurrió, un recurso que en febrero de este año ha sido resuelto de nuevo a favor del padre, tras admitir la madre la paternidad que antes negaba. La jueza falló entonces pidiendo que se corrigiera el Registro y se diera a la niña el apellido del padre. Sin embargo, no estipuló de oficio un régimen de visitas ni pensión alimenticia de la niña por lo que F.M., que prefiere mantener el anonimato porque tiene otro hijo de 10 años que aún no sabe que tiene una hermana menor, no ha podido conocer a la niña. La sentencia ha vuelto a ser recurrida por la madre, que pide que su apellido figure en primer lugar. Por su parte, F.M. denuncia la lentitud de la justicia y exige que «por el bien del menor, se tomen medidas para que la niña pueda conocer lo antes posible a su padre y hermano».
