La trama del denominado caso Hidalgo, destapado en Marbella en el 2007, blanqueó casi 60 millones de euros, según concluye la instrucción, y la jueza imputa a 20 personas y sobresee actuaciones respecto a tres notarios que fueron detenidos y una cuarta persona. Según informó ayer el diario SUR de Málaga, un auto judicial cierra la instrucción y ordena proseguir la causa por el trámite de procedimiento abreviado contra esa veintena de personas por delitos contables, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
Precisa que el sobreseimiento provisional es en relación con los notarios Amelia Berguillos, Joaquín María Crespo y Mauricio Pardo, y respecto a Mauro Cruz Conde, hijo del principal imputado en el caso, el abogado cordobés Rafael Cruz Conde, cuyo despacho en Marbella es el supuesto eje de la trama delictiva, según los investigadores.
Según el periódico, seis imputados pertenecen al bufete de letrados y la jueza, María Jesús del Pilar, no solo atribuye a algunos integrantes del despacho su participación en operaciones para el blanqueo, también cree que los letrados dejaron de ingresar a la Agencia Tributaria más de 410.000 euros del 2004 al 2006. Respecto a Cruz Conde, cuantifica la cuota defraudada en concepto de IRPF en más de 141.000 euros, señala el rotativo.
La instructora sostiene además que "el uso fraudulento de estructuras societarias por parte de los imputados ha derivado en actos de delincuencia financiera de evasión y fraude fiscal".
La resolución judicial dedica cerca de la mitad de las 204 páginas que la componen a analizar las prácticas acometidas a través del entramado societario de David Shamoon, propietario de un importante número de empresas entre las que se encuentran aquellas que gestionan los hoteles Marbella Club y Puente Romano. Según el auto, Shamoon sería el responsable de un presunto blanqueo de capitales de 52,4 millones de euros, en virtud de las cantidades no ingresadas por el empresario a la Hacienda Pública derivadas de operaciones de compraventa y actuaciones bancarias. El imputado es dueño de edificios, parcelas y galerías comerciales en Reino Unido, EEUU, Israel y Suecia.
