El presidente del PP en Andalucía, Juanma Moreno, se mostró ayer tajante contra la corrupción y advirtió de que "cualquier militante que meta la mano en la caja va a la calle". Moreno, que presidió en Antequera la reunión del comité ejecutivo regional del PP-A, ha propuesto aprobar "una ley que fije los criterios para todas las subvenciones andaluzas, los controle y algo fundamental, las evalúe".

También apuesta por crear un cuerpo superior de interventores en la Junta con plenos poderes e independencia y por "exigir la devolución de todas las ayudas y devoluciones indebidamente recibidas". A todas estas medidas se sumaría una ley de la Cámara de Cuentas "para convertir la Cámara en un órgano real de fiscalización y control". Moreno cree necesaria además una ley del estatuto y del buen gobierno e incluir un régimen sancionador que, asegura, ya tienen otras comunidades autónomas, "para proteger a los denunciantes de los casos de corrupción".

En la misma línea, los populares andaluces quieren que los cargos públicos publiquen sus retribuciones, y en el comité regional se ha aplaudido la iniciativa de limitar el mandato del presidente de la Junta a ocho años.

Por otra parte, el PP andaluz creará una comisión del militante del partido para controlar la acción de los afiliados en materia de corrupción. Moreno abogó por "un cambio que sirva para abrir ventanas, pero también puertas a nuevos andaluces que quieren colaborar en una nueva ilusión, en un nuevo proyecto de Andalucía, porque no se trata solo de solucionar la gran necesidad que hay en nuestra tierra, sino de llegar al fondo de la verdad, para que los errores que se ha producido durante los últimos años, jamás se vuelvan a producir".

Moreno criticó que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "sólo sepa hacer política desde la confrontación, porque busca dividir, y el PP no busca eso, busca sumar y acordar para ofrecer soluciones a los gravísimos problemas que tienen los andaluces y andaluzas".

El dirigente del PP calificó como "una nueva operación de maquillaje político del PSOE y de la señora Díaz" la petición de la Junta a la UGT de 15,3 millones de euros por el caso de las facturas falsas. "La pregunta que nos hacemos es si sólo va a investigar a la UGT o la investigación se va a expandir a todas las instituciones que han tenido subvenciones", resaltó.