El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, afirmó ayer que aún «no hemos vuelto al punto de partida» de la crisis y alertó de que algunos derechos básicos perdidos en la última década no se han recuperado a causa de los recortes y de la deficiente gestión de las administraciones. Maeztu, quien ayer entregó el Informe Anual del Defensor del Pueblo andaluz al presidente del Parlamento autonómico, Juan Pablo Durán, reivindicó la «prioridad» de estos derechos, inherentes al Estado del Bienestar, y enfatizó que «siempre deben de prevalecer sobre los criterios económicos» para garantizar «una sociedad igualitaria», informa Efe.
«La crisis sigue presente en la vida de miles de familias andaluzas, al cumplirse una década de su impacto, que tienen la impresión de que la recuperación de los datos económicos no se acompasa a su situación», señaló. Pronosticó que hasta que no se recuperen las tasas de empleo anteriores a la crisis «no se podrá hablar de recuperación» y cuestionó a quienes reivindican simultáneamente bajadas de impuestos y la prestación de los derechos básicos.
En su opinión, la desigualdad social «sigue aumentando» tras la crisis y existe el riesgo de que algunos derechos perdidos en los últimos años no lleguen a recuperarse.
El informe del Defensor recoge que durante el 2017 fueron «constantes» las movilizaciones que reivindicaron «la prestación de más y mejores recursos públicos» y sostiene que «existen derechos subjetivos que están oscurecidos por la amenaza de la disponibilidad presupuestaria o los fallos en la gestión». Para Maeztu, el Estado del Bienestar «precisa de una importante suficiencia presupuestaria», por lo que reclamó una financiación pública suficiente para que los derechos esenciales de los ciudadanos «estén blindados y no queden al albur de la coyuntura económica».
El Defensor del Pueblo andaluz asumió el año pasado 20.868 actuaciones y gestionó 9.815 quejas, un 3% menos que en el 2016. La queja «estrella» a esta institución durante el pasado ejercicio fue la referida al Impuesto de Donaciones y Sucesiones, asunto sobre el que se quejaron 143.000 personas, frente a las 170.872 que requirieron la intervención de este comisionado.
El mayor número de quejas gestionadas se refirieron a la educación (1.072), seguida de la vivienda (942); el personal del sector público (907); el medio ambiente (781) o el consumo (717)..
El informe del Defensor del Pueblo Andaluz destaca que las quejas por las listas de espera en la sanidad pública andaluza han aumentado. «Durante el 2016 ciframos las quejas relacionadas con los tiempos de respuesta asistencial en el 25% de las recibidas en el ámbito de la salud, pero en el 2017 dicho porcentaje incluso se supera», señala el informe.
También resalta que la tramitación media del procedimiento administrativo para la valoración o reconocimiento del grado de dependencia tarda hasta dos años, lo que cuadruplica el máximo legal. «Detectamos una insuficiencia de plazas en residencias públicas y concertadas», advierte el informe, que recuerda que este déficit se justifica por «el recurrente argumento de la limitación de la disponibilidad presupuestaria».
