El juez de instrucción número 9 de Sevilla ha imputado a los ex secretarios generales de UGT Andalucía Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, a los que la Fiscalía Anticorrupción acusa de "financiación ilegal del sindicato" a través de los fondos de formación. Fuentes judiciales detallaron que ambos sindicalistas han sido citados a declarar ante el juez Juan Jesús Vélez en noviembre próximo, aunque no han podido aún precisar el día exacto.
Según la Fiscalía, ambos son responsables de la financiación ilegal de UGT-A por medio de "la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación". Pastrana, secretario general desde 1998 a 2013, y su sucesor participaron en la denominada "central de compras" del sindicato, según la Fiscalía.
Esta central fue una "inspiración directa" de Pastrana y continuó cuando le sustituyó, Fernández Sevilla, que anteriormente era secretario de organización de UGT-A antes de ser secretario general. La financiación ilegal de UGT-A se produjo, según la Fiscalía, con la institución del "rapel", figura que permitía repercutir un porcentaje de las compras del sindicato a un proveedor, y el "bote", otra figura con la que se elaboraban facturas falsas. Los importes obtenidos a través del "rapel" se repartían entre la estructura regional.
FACTURAS SIMULADAS Sobre la implantación y consolidación del "bote", la Fiscalía entiende que UGT encargaba la elaboración de facturas simuladas, que sin responder a realidad o negocio jurídico alguno pasaba a formar parte de una cuenta acreedora del sindicato con terceros y siempre previo pago de esas facturas. Esto hacía que UGT sostuviera actividades al margen de la subvencionada con cargo a ese "bote", y de esa manera, la actividad ordinaria de la entidad se sufragaba con fondos que realmente eran procedentes de subvenciones destinadas a fondos de formación, concluye Anticorrupción.
Un exsecretario de cultura y formación del sindicato que declaró como testigo dijo que había una decisión de retener un 20% de todas las subvenciones que recibía el sindicato para fondos de formación y destinarlo a gastos corrientes del mismo, lo que la ejecutiva denominó "canon revolucionario". Este modo de financiación irregular habría llegado a tener tal magnitud, apunta la Fiscalía, que casi todos los gastos estructurales de la organización eran financiados con los fondos destinados a subvenciones para la formación.
Para sus conclusiones, la Fiscalía tiene en cuenta las declaraciones del extesorero de UGT-A Federico Fresneda, que señaló a Pastrana y Fernández como los que decidían en la ejecutiva las empresas que pagaban el "rapel", compañías con las que mantenían una "intensa relación".
La participación de Pastrana y Fernández podrían constituir delitos como falsedades y otros que aún se encuentran en fase de primaria investigación por la Guardia Civil, como son las irregulares subcontrataciones con terceros y entidades vinculadas y dependientes del propio sindicato, concluye Anticorrupción.
