La juez de instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha decretado el sobreseimiento de hasta media docena de presuntas irregularidades denunciadas por Emerita Resources, siguiendo de este modo el criterio de la Fiscalía de Sevilla, que considera que la relación entre Magtel y Fisur "es el único hecho concreto respecto del que además se aportan elementos que en principio son indicativos de infracción delictiva --prevaricación y/o cohecho--". Así, el ministerio público expone que, en su denuncia, existe "una falta de identificación de los altos cargos del PSOE y de la Consejería de Industria que hoy trabajan para Magtel y que supuestamente beneficiaron al mismo de forma delictiva durante el tiempo en el que desempeñaron sus cargos públicos", aludiendo además a la "falta de un relato pormenorizado acerca de las presuntas irregularidades que se cometieron y por quien en la concesión de ayudas públicas a compañías del grupo Magtel y respecto de las cuales solo se facilita un listado o una fotocopia del correspondiente boletín oficial".
Además, y según la Fiscalía, no hay una concreción "de la identidad del funcionario público ante el que presuntamente intercedió" el exdirector de IDEA Jacinto Cañete "para obtener la pronta devolución de la cantidad debida por la Junta al propietario de la planta fotovoltaica La Castilleja, y de lo que este supuestamente exigió a cambio", ya que "solo se relata lo que al parecer dicho señor pidió a Magtel por su labor de intermediación".
A ello se suma que no se explica "en absoluto" la forma de actuar de los administradores de Magtel Comunicaciones Avanzadas "para realizar ampliaciones de capital ficticias y poder disponer del préstamo concedido por Soprea", mientras que no hay una concreción "de la cuantía, fecha, beneficiario y Administración que otorgó las subvenciones que no se destinaron supuestamente al fin para el que se concedieron". Estos factores "impiden" en relación a estos hechos "la apertura legítima de una instrucción penal", sostiene la Fiscalía.
En un auto fechado el pasado 23 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Patricia Fernández libra oficio al Grupo de Medios de Pago de la UDEF para que "realice las comprobaciones necesarias" y averigüe "los trabajos de asesoramiento que, efectivamente, se hubieran realizado" para Magtel por Fisur, de la que es administrador Andrés Luque, exdelegado de Empleo y de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta en Córdoba y también exdirector general de Innovación e Industrias Culturales de la consejería del ramo. Asimismo, la juez ordena investigar si dicha entidad, en relación a Fisur, "cuenta con los medios personales y materiales precisos para la elaboración de trabajos por los importes facturados".
