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EL JUICIO POR EL ‘CASO ERE’

La Fiscalía se opone a que Susana Díaz testifique, como reclama el PP

Anticorrupción entiende que «no procede» el testimonio de la presidenta. La vista se suspende hasta el 12 de febrero para ver las cuestiones previas

 

Chaves y Griñán, en la sala de vistas por el ‘caso ERE’. - JOSÉ MANUEL VIDAL /EFE

EFE cordoba1@elperiodico.es SEVILLA
16/01/2018

La Fiscalía Anticorrupción y las defensas se han opuesto a la petición del PP para citar como testigo a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en el juicio de la pieza política del caso de los ERE, en el que están procesados sus antecesores Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El tribunal que enjuicia la pieza política del caso ERE, con 22 ex altos cargos de la Junta procesados, suspendió ayer el juicio hasta el próximo 12 de febrero para estudiar las cuestiones previas planteadas por las partes. En la sesión de ayer, las distintas partes se posicionaron sobre las cuestiones previas solicitadas por las contrarias, tras lo cual, el tribunal de la sección primera de la Audiencia de Sevilla, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle, se retirará a deliberar sobre las mismas.

La Fiscalía ha argumentado su rechazo a que testifique Díaz porque «no procede» ni en calidad de responsable del Gabinete Jurídico de la Junta durante su etapa como consejera de la Presidencia (de junio de 2012 a septiembre de 2013) ni porque en ese mismo periodo se dictara el decreto que convalidó las ayudas, ya que este fue dictado por la Consejería de Empleo siguiendo recomendaciones aprobadas en el Parlamento. Las defensas también se han opuesto por considerar «extemporáneo» que la Fiscalía quiera introducir nuevos testigos que no pidió en su día en su escrito de acusación.

El abogado de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, Víctor Moreno Catena, denunció que se pretenda una «contaminación política» de este juicio pidiendo que testifiquen «cargos públicos en activo de la Junta de Andalucía» como la actual presidenta, que solo ejerció de consejera de la Presidencia entre 2012 y 2013, un periodo fuera del que comprenden los hechos enjuiciados (2001-2011). Y señaló que las defensas no han pedido citar como testigos a los exministros del Gobierno central Javier Arenas y Eduardo Zaplana o los exdelegados del Gobierno Antonio Sanz y Juan Ignacio Zoido (hoy ministro de Interior) pese a que «conocían las ayudas» sociolaborales a empresas en crisis y de hecho participaron en la subvención del ERE de la Faja Pirítica de Huelva, cofinanciado por el Estado y la Junta e investigado en una pieza separada.

El abogado de la exsecretaria de Trabajo Lourdes Medina, Manuel Salinero, ha acusado al PP-A de buscar «una politización del juicio» cuando «los partidos políticos deberían dedicar sus recursos a otras cosas». El PP pidió en sus cuestiones previas citar en total a 31 nuevos testigos -todos ellos rechazados por las defensas- entre ellos Díaz pero también el actual vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, por la ayuda concedida al Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz) siendo él alcalde, un testigo que la Fiscalía sí cree procedente. Igualmente, el Ministerio Público también considera procedente que testifique la exconsejera de la Presidencia y actual senadora Mar Moreno, que llegó a estar imputada en la causa si bien tras su declaración en el Supremo (al ser aforada) se archivó la causa contra ella. Por otro lado, la Fiscalía ha apoyado las cuestiones previas de las defensas para excluir del objeto de enjuiciamiento el presunto delito de asociación ilícita esgrimido por el PP-A.