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JUICIO DEL CASO DE LOS ERE

Los dos expresidentes insisten en que no conocieron el fraude en las ayudas

Griñán asegura que las actuaciones tuvieron informes favorables y cobertura del Parlamento. Chaves argumenta que nadie le advirtió de las irregularidades y tampoco el interventor general

 

Chaves y Magdalena Álvarez conversan en la segunda sesión del juicio. - EFE / JULIO MUÑOZ

Las defensas, durante la sesión de ayer. - EFE / JULIO MUÑOZ

EFE
15/12/2017

Los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán han insistido en que desconocían posibles irregularidades en las ayudas de los ERE, porque la Intervención no les alertó, durante la lectura de sus escritos de defensa ante el tribunal que juzga el caso en la Audiencia Provincial de Sevilla. Después de que el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle, permitiera el miércoles que se leyeran los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción y el Partido Popular andaluz contra los expresidentes y los otros 20 ex altos cargos de la Junta procesados, la mayoría de los abogados decidió que se oyeran también en sala sus conclusiones exculpatorias, empezando por los de Chaves y de Griñán.

Chaves, que se enfrenta a 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación (el PP añade otro de asociación ilícita por el que le pide dos años de cárcel), pide su absolución en el escrito de defensa leído porque «desconocía los procedimientos concretos por los que se canalizaban las ayudas», al no ser ésta su función como presidente -que ejerció durante 19 años-. «Ni conocía ni pudo conocer las supuestas irregularidades vinculadas a la concesión de las ayudas sociolaborales puesto que nadie le advirtió de ello y el interventor general tampoco consideró oportuno utilizar el mecanismo del informe de actuación», añade el escrito leído por su abogado, Pablo Jiménez de Parga, en la segunda sesión del juicio por el que se sienta en el banquillo de acusados.

INFORMES FAVORABLES

El otro expresidente socialista, José Antonio Griñán, que se enfrenta a 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación porque la Fiscalía y el PP le acusan además de malversación de caudales públicos, defiende también que «todas las actuaciones del Consejo de Gobierno» al respecto de estas ayudas se hicieron con los correspondientes «informes» favorables, y las modificaciones presupuestarias para pagarlas las aprobó el Parlamento, según relató su abogado, José María Mohedano.

Desde el miércoles se enjuicia la pieza política del caso ERE, sobre el sistema por el que entre 2001 y 2011 el Gobierno del PSOE andaluz repartió más de 854 millones de euros en ayudas sociolaborales de forma «arbitraria» y «sin control», según la Fiscalía y las acusaciones populares del PP y Manos Limpias.

Chaves, Griñán, seis exconsejeros de sus respectivos gobiernos y otros 14 exresponsables políticos están acusados de crear o mantener este sistema, propiciando que parte del dinero (741 millones según Anticorrupción) acabara en manos de «entidades y personas que no cumplían los criterios» y «en cuantía inadecuada». Las defensas rechazan la ilegalidad del sistema, por cuanto «jamás» el interventor -también imputado- alertó de ello ni vio «riesgo de menoscabo de fondos públicos».

Los argumentos más repetidos en la sesión de ayer, en la que solo dio tiempo a leer los escritos de defensa de ocho acusados (el abogado del exconsejero José Antonio Viera renunció a ello), se centraron en que «no existe procedimiento específico ni plan preconcebido ni concierto previo» para idear un sistema para que «en Andalucía el dinero de los parados se diera a amiguetes».

«Sospecha ominosa», «conclusiones ridículas», «acusaciones enmarañadas» y «esperpénticas» o «errores garrafales» son algunos de los calificativos usados por los letrados de Chaves, Griñán y los exconsejeros Antonio Fernández, Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, para desmontar los delitos por los que se enfrentan a entre 1 y 10 años de cárcel.

El exinterventor Manuel Gómez, otro de los acusados, durante la instrucción dijo haber realizado varios informes señalando que era «inadecuado» hacer transferencias de financiación de la Consejería de Empleo a la agencia pública IFA/IDEA -dependiente de Innovación- para que ésta pagara las ayudas (según la Fiscalía para eludir controles), pero no paralizó el sistema porque no vio fraude. La defensa de Aguayo apuntó a «discrepancias entre criterios contables» que la de Vallejo incluso calificó de «discusiones bizantinas».

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1 Comentario
01

Por exvotante 11:14 - 15.12.2017

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ESTO SI QUE ES MEMORIA HISTORICA, 800 MILLONES Y NADIE SABE NADA, PUEDEN ACOGERSE A QUE ACEPTAN LA CONSTITUCION ESPAÑOLA, AQUI PAZ Y DESPUES GLORIA, DEJA TU DE PAGAR UN TRIMESTRE A HACIENDA, VERAS QUE RISA TE ENTRA, Y A ESTO LE LLAMAN DE-DO-CRACIA jojojojojo