La Audiencia de Sevilla ha confirmado las acusaciones de malversación y de prevaricación para el expresidente andaluz José Antonio Griñán y de prevaricación para su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, en la pieza política de los ERE, en la que hay 26 ex altos cargos de la Junta de Andalucía procesados. Tras los recursos que ambos presentaron a su procesamiento, la sección séptima de la Audiencia ha confirmado los delitos que el juez de instrucción Álvaro Martín imputó a ambos expresidentes y a otros cinco exconsejeros: Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo.
Las resoluciones de la Audiencia, a las que ha accedido Efe, mantienen las acusaciones de la cúpula del Gobierno andaluz en la denominada pieza política de los ERE o del procedimiento específico, que supuso el desembolso de 855 millones de euros entre los años 2000 y 2011 y se aplicó para «eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios», según el juez.
La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión y treinta de inhabilitación para Griñán, presidente entre el 2009 y el 2013, por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación, una pena superior a la de Chaves (diez años de inhabilitación), que presidió la Junta de 1990 al 2009, por su actuación cuando fue consejero de Hacienda antes de ser presidente.
Además, la Fiscalía solicita ocho años de prisión para Viera y Vallejo por el delito continuado de malversación, y seis años para Martínez Aguayo por el mismo delito; mientras que a Zarrías y Álvarez les acusa solo de prevaricación.
ADMINISTRACIÓN DESLEAL / Respecto a Griñán, la Audiencia dice que «ha podido cometer un delito de malversación, en su modalidad de administración desleal de los caudales públicos», porque su actitud como consejero «produjo el mismo resultado que hubiera causado la acción de haber realizado la sustracción de caudales públicos».
Griñán, aunque lo negó, «tenía sobrado conocimiento de las irregularidades que se hacían constar en las memorias de control financiero de las empresas de la Junta, que remitía anualmente la Intervención General de la Junta de Andalucía al Consejo de Gobierno», y a pesar de ello, no actuó hasta 2010, le reprocha la Audiencia.
Manuel Chaves «contribuyó a materializar el otorgamiento de ayudas/subvenciones a sabiendas de que se otorgaban sin cumplimentar los requisitos legales y sin pasar los controles propios de las subvenciones regladas ni tampoco de las excepcionales», concluye la Audiencia.
